A pesar de una cautelar, el Ministerio de Educación provincial sigue tomado
Sindicalistas de ATE y SOEME llevan adelante la medida en reclamo por el recorte de viáticos y horas extra. El jefe de
Gabinete, Alberto Pérez, denunció agresiones y calificó a los gremialistas como un "grupo de violentos sin representación".
El conflicto desatado en la cartera educativa provincial por el recorte de horas extra y viáticos se agrava. El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y la directora general de Cultura y Educación, Nora De Lucía, denunciaron ayer que un "grupo de violentos" sin representación gremial amenazó y agredió a funcionarios que intentaban negociar con quienes mantienen tomada la sede del ministerio.
En conferencia de prensa, Pérez explicó que un pequeño grupo de los trabajadores que están tomando el edificio amenazó a De Lucía y su familia, y agredió a la subsecretaria de Gestión Educativa, Nora Estrada, "con piedrazos y vidrios", cuando intentaban retomar el diálogo. A esto se agregaron dos episodios: la violación al domicilio del subsecretario de Recursos Humanos, Claudio Crissio, ocurrida el sábado, y el robo a la casa del director de Contabilidad del ministerio, Leonardo Colauti. "Se cortó la luz, el agua y se imposibilitó salir del ministerio. Los funcionarios pudieron salir cuatro horas después, recién a la noche custodiados por la policía y hoy cuando volvieron a retomar el diálogo, fueron agredidos por este grupo pequeño de 'violentos'", relató Pérez.
El funcionario atribuyó las amenazas, y también el robo de papeles y computadoras que ocurrió en el ministerio, a la agrupación 11 de Septiembre, encabezada por el gremialista Fernando Marín, quien tiene "una denuncia penal por malversación de fondos de hace un par de años en el Ministerio de Educación", acotó Pérez. Dijo también que no representan "ni el 0,1%" de los 350 mil docentes y auxiliares que trabajan en el área educativa provincial.
La toma del ministerio por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) arrancó el martes por el malestar generado a raíz del recorte de horas extra y viáticos del 10% que comenzó a aplicar la gestión de De Lucía. La funcionaria, sin embargo, aclaró ayer que se trata de "irregularidades" y "excesos" que incluían, por ejemplo, a un preso que cobraba horas extras, a agentes que percibían hasta 150 horas por mes –lo que excede ampliamente la jornada laboral posible– y el pago aún a quienes están con licencia "porque entienden que es un derecho adquirido". No precisó, sin embargo, cuánto dinero representan los "excesos", y evitó decir si fueron generados durante la gestión de sus antecesores en el cargo, Silvina Gvirtz y Mario Oporto. "No estamos dispuestos a convalidar excesos. Estamos convencidos de que el camino es el que nos marcó el gobernador y la presidenta: administrar nuestros recursos en forma óptima y eficiente para defender este sistema educativo que tantos logros ha tenido", sostuvo De Lucía.
Para terminar con la toma del edificio, el gobierno se presentó ante el Juzgado de Garantías N° 4, que dictó una medida cautelar tendiente a restablecer el orden y garantizar el funcionamiento de la cartera, aunque ayer continuaba la toma y no había negociación. Los funcionarios no descartaron la posibilidad de un desalojo pero apelaron al diálogo. "Confiamos en la racionalidad de los que hasta ahora no la han demostrado", señaló Pérez y pidió a los manifestantes que reflexionen y se retiren del ministerio "para solucionar esto a través del diálogo". «
En conferencia de prensa, Pérez explicó que un pequeño grupo de los trabajadores que están tomando el edificio amenazó a De Lucía y su familia, y agredió a la subsecretaria de Gestión Educativa, Nora Estrada, "con piedrazos y vidrios", cuando intentaban retomar el diálogo. A esto se agregaron dos episodios: la violación al domicilio del subsecretario de Recursos Humanos, Claudio Crissio, ocurrida el sábado, y el robo a la casa del director de Contabilidad del ministerio, Leonardo Colauti. "Se cortó la luz, el agua y se imposibilitó salir del ministerio. Los funcionarios pudieron salir cuatro horas después, recién a la noche custodiados por la policía y hoy cuando volvieron a retomar el diálogo, fueron agredidos por este grupo pequeño de 'violentos'", relató Pérez.
El funcionario atribuyó las amenazas, y también el robo de papeles y computadoras que ocurrió en el ministerio, a la agrupación 11 de Septiembre, encabezada por el gremialista Fernando Marín, quien tiene "una denuncia penal por malversación de fondos de hace un par de años en el Ministerio de Educación", acotó Pérez. Dijo también que no representan "ni el 0,1%" de los 350 mil docentes y auxiliares que trabajan en el área educativa provincial.
La toma del ministerio por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) arrancó el martes por el malestar generado a raíz del recorte de horas extra y viáticos del 10% que comenzó a aplicar la gestión de De Lucía. La funcionaria, sin embargo, aclaró ayer que se trata de "irregularidades" y "excesos" que incluían, por ejemplo, a un preso que cobraba horas extras, a agentes que percibían hasta 150 horas por mes –lo que excede ampliamente la jornada laboral posible– y el pago aún a quienes están con licencia "porque entienden que es un derecho adquirido". No precisó, sin embargo, cuánto dinero representan los "excesos", y evitó decir si fueron generados durante la gestión de sus antecesores en el cargo, Silvina Gvirtz y Mario Oporto. "No estamos dispuestos a convalidar excesos. Estamos convencidos de que el camino es el que nos marcó el gobernador y la presidenta: administrar nuestros recursos en forma óptima y eficiente para defender este sistema educativo que tantos logros ha tenido", sostuvo De Lucía.
Para terminar con la toma del edificio, el gobierno se presentó ante el Juzgado de Garantías N° 4, que dictó una medida cautelar tendiente a restablecer el orden y garantizar el funcionamiento de la cartera, aunque ayer continuaba la toma y no había negociación. Los funcionarios no descartaron la posibilidad de un desalojo pero apelaron al diálogo. "Confiamos en la racionalidad de los que hasta ahora no la han demostrado", señaló Pérez y pidió a los manifestantes que reflexionen y se retiren del ministerio "para solucionar esto a través del diálogo". «
No hay comentarios:
Publicar un comentario