De los universitarios a los mapuche, los conflictos que Piñera no puede esconder
En los primeros meses de 2012, la conflictividad social y política en Chile fue en aumento. Entre los principales conflictos, encontramos el que encabezó el movimiento estudiantil, principalmente el sector universitario, contra el sistema educativo vigente; los que se desarrollan en el sur del país ligados al pueblo mapuche; y los problemas internos del gabinete presidencial de Sebastián Piñera.
Por:
Contra la educación pinochetista
En el caso de los estudiantes, la segunda Marcha Nacional de la Educación, realizada a mediados de mayo, reunió a más de 100 mil estudiantes, según cifras brindadas por los propios organizadores. La marcha se realizó como antesala a la reunión que el 21 de mayo mantuvieron los dirigentes universitarios (nucleados en la Federación Universitaria de Chile) con el Ministro de Educación Nacional, Harald Beyer, ligado al Opus Dei. El objetivo era avanzar con el proyecto que los estudiantes presentaron en el Senado sobre los créditos CORFO (una línea de financiamiento que la Corporación de Fomento de la Producción abrió en los bancos para otorgar créditos estudiantiles), exigiendo “rebajar la tasa de interés a un 0 %, devolviendo sólo el capital prestado”. La reunión, según comentaron los estudiantes, no implicó avance alguno.
Al interior de la Federación de Estudiantes Chilenos, los distintos sectores comienzan a debatir cómo darle cauce a este movimiento masivo, principalmente para cuando pasen los momentos de auge para evitar perder el apoyo de otros sectores de la sociedad y que se diluya la iniciativa y capacidad de movilización lograda. Las disyuntivas pasan por encontrar las maneras de no ahogar el reclamo con sucesivas marchas masivas, que cada vez crecen menos, y de avanzar en radicalidad y confluencia con otros sectores en lucha. Sin embargo, las expectativas se opacan al desarrollarse las internas entre los distintos grupos políticos que orientan el conflicto: el Partido Comunista (visible en Camila Vallejos), los independientes y autonomistas (representados en la figura del actual presidente de la Federación Gabriel Boric) y grupos anarquistas, entre otros.
No son nuevas estas discusiones, sino que atraviesan al movimiento desde sus orígenes y tienen la virtud, hasta el momento, de no resquebrajar el eje fundamental del proceso: la crítica radical a la mercantilización, la exclusión, el elitismo y el bajo nivel del sistema educativo chileno, que refuerza la desigualdad social en uno de los países más desiguales de América Latina.
Los conflictos que comenzaron con las movilizaciones estudiantiles universitarias en 2011 –y que paralizaron a la mayoría de las universidades chilenas durante varios meses- pueden ser leídos dentro de un proceso de movilización y politización de los estudiantes que saltó a la luz pública en 2006, con las movilizaciones de los llamados “pingüinos” (estudiantes secundarios, que reciben ese nombre por su uniforme). Algunos investigadores sostienen que los “pingüinos” que se movilizaron entonces son los universitarios movilizados y organizados de ahora. Algo de cierto hay, sobre todo si se tienen en cuenta los principios planteados. Aunque en el 2006 el énfasis estuvo puesto en la aprobación del boleto estudiantil, entonces ya se esbozaba un cuestionamiento más integral al sistema educativo nacional, lo que ahora constituye el eje del movimiento, que además de los sectores universitarios, involucró a estudiantes secundarios de los Liceos.
Crisis en el sistema político
El actual movimiento estudiantil chileno logró instalar el cuestionamiento integral al sistema político de su país. Esto fue posible por la gran adhesión y solidaridad social que recibieron las movilizaciones estudiantiles. Así, el aparente consenso acerca de la dinámica hegemónica de la sociedad chilena edificada durante la dictadura pinochetista, que continuó casi sin cambios durante los gobiernos de la Concertación, se agrietó a partir de las críticas y las propuestas que acompañaron las movilizaciones masivas que se prolongaron durante varios meses en Santiago y las principales ciudades de Chile.
Entre otras derivaciones, el gobierno de Piñera tuvo que convocar a una comisión para revisar el sistema educativo, con participación de los estudiantes movilizados. Es la primera vez que el cuestionamiento al arancelamiento de la educación o al sistema de representación parlamentaria, entre otras cuestiones, adquiere un lugar destacado en las discusiones públicas, lo que obliga a todo el espectro político a tomar posición. Por otra parte, el ejemplo de los estudiantes chilenos fue recuperado por jóvenes en otros países latinoamericanos, como Colombia o Brasil.
Más allá de los mapuche.
El problema mapuche en el sur, que el gobierno no está pudiendo resolver –ya que choca con sus intereses de manera irreconciliable-, seguirá en agenda pública limitando sus acciones. Las organizaciones indígenas mapuche reclaman desde hace décadas contra las múltiples exclusiones que sufren, por una distribución más justa de la tierra y el respeto a los territorios que reclaman propios.
Pero si bien éste es el conflicto público más visible en los últimos tiempos, tampoco es el único. Por un lado, están los movimientos medioambientales, que recibieron una dura represión al intentar frenar la construcción de grandes represas hidroeléctricas, y las protestas contra la depredación de los recursos naturales (forestales y mineros). A ello se suman escándalos de diversa índole, como el que derivó en la renuncia del presidente del Directorio de Codelco (Corporación del Cobre de Chile) y el conflicto desatado por el “Caso Bombas”, que terminó con la absolución de los seis acusados de colocar artefactos explosivos en varios edificios de Santiago entre 2006 y 2009.
En este último caso, se muestra a una Justicia chilena digitada por el poder político: Alejandro Peña, quien tuvo que renunciar como segundo Fiscal del caso en donde se acusa a seis “ocupas” de montar una célula “terrorista”, terminó asumiendo como Ministro del Interior y declarando como testigo en contra de los acusados. Por su parte, los “ocupas” declararon que fueron víctimas de torturas psicológicas por parte de la policía carabinera. En el caso Codelco, el gobierno tuvo que soportar la renuncia del presidente Diego Hernández, hecho que la oposición de la Concertación aprovechó para cargar contra el oficialismo y su política frente a recursos estratégicos como el cobre.
En este marco, la situación para Piñera y la Renovación Nacional dista de ser la mejor. Los datos que conocemos permiten interpretar un 2012 con conflictos crecientes y una situación política complicada para el gobierno actual, limitaciones políticas que también comprometen a la mayoría de los grupos opositores que participan de un sistema político institucional dificultado para hacer frente a varios reclamos sociales.
En el caso de los estudiantes, la segunda Marcha Nacional de la Educación, realizada a mediados de mayo, reunió a más de 100 mil estudiantes, según cifras brindadas por los propios organizadores. La marcha se realizó como antesala a la reunión que el 21 de mayo mantuvieron los dirigentes universitarios (nucleados en la Federación Universitaria de Chile) con el Ministro de Educación Nacional, Harald Beyer, ligado al Opus Dei. El objetivo era avanzar con el proyecto que los estudiantes presentaron en el Senado sobre los créditos CORFO (una línea de financiamiento que la Corporación de Fomento de la Producción abrió en los bancos para otorgar créditos estudiantiles), exigiendo “rebajar la tasa de interés a un 0 %, devolviendo sólo el capital prestado”. La reunión, según comentaron los estudiantes, no implicó avance alguno.
Al interior de la Federación de Estudiantes Chilenos, los distintos sectores comienzan a debatir cómo darle cauce a este movimiento masivo, principalmente para cuando pasen los momentos de auge para evitar perder el apoyo de otros sectores de la sociedad y que se diluya la iniciativa y capacidad de movilización lograda. Las disyuntivas pasan por encontrar las maneras de no ahogar el reclamo con sucesivas marchas masivas, que cada vez crecen menos, y de avanzar en radicalidad y confluencia con otros sectores en lucha. Sin embargo, las expectativas se opacan al desarrollarse las internas entre los distintos grupos políticos que orientan el conflicto: el Partido Comunista (visible en Camila Vallejos), los independientes y autonomistas (representados en la figura del actual presidente de la Federación Gabriel Boric) y grupos anarquistas, entre otros.
No son nuevas estas discusiones, sino que atraviesan al movimiento desde sus orígenes y tienen la virtud, hasta el momento, de no resquebrajar el eje fundamental del proceso: la crítica radical a la mercantilización, la exclusión, el elitismo y el bajo nivel del sistema educativo chileno, que refuerza la desigualdad social en uno de los países más desiguales de América Latina.
Los conflictos que comenzaron con las movilizaciones estudiantiles universitarias en 2011 –y que paralizaron a la mayoría de las universidades chilenas durante varios meses- pueden ser leídos dentro de un proceso de movilización y politización de los estudiantes que saltó a la luz pública en 2006, con las movilizaciones de los llamados “pingüinos” (estudiantes secundarios, que reciben ese nombre por su uniforme). Algunos investigadores sostienen que los “pingüinos” que se movilizaron entonces son los universitarios movilizados y organizados de ahora. Algo de cierto hay, sobre todo si se tienen en cuenta los principios planteados. Aunque en el 2006 el énfasis estuvo puesto en la aprobación del boleto estudiantil, entonces ya se esbozaba un cuestionamiento más integral al sistema educativo nacional, lo que ahora constituye el eje del movimiento, que además de los sectores universitarios, involucró a estudiantes secundarios de los Liceos.
Crisis en el sistema político
El actual movimiento estudiantil chileno logró instalar el cuestionamiento integral al sistema político de su país. Esto fue posible por la gran adhesión y solidaridad social que recibieron las movilizaciones estudiantiles. Así, el aparente consenso acerca de la dinámica hegemónica de la sociedad chilena edificada durante la dictadura pinochetista, que continuó casi sin cambios durante los gobiernos de la Concertación, se agrietó a partir de las críticas y las propuestas que acompañaron las movilizaciones masivas que se prolongaron durante varios meses en Santiago y las principales ciudades de Chile.
Entre otras derivaciones, el gobierno de Piñera tuvo que convocar a una comisión para revisar el sistema educativo, con participación de los estudiantes movilizados. Es la primera vez que el cuestionamiento al arancelamiento de la educación o al sistema de representación parlamentaria, entre otras cuestiones, adquiere un lugar destacado en las discusiones públicas, lo que obliga a todo el espectro político a tomar posición. Por otra parte, el ejemplo de los estudiantes chilenos fue recuperado por jóvenes en otros países latinoamericanos, como Colombia o Brasil.
Más allá de los mapuche.
El problema mapuche en el sur, que el gobierno no está pudiendo resolver –ya que choca con sus intereses de manera irreconciliable-, seguirá en agenda pública limitando sus acciones. Las organizaciones indígenas mapuche reclaman desde hace décadas contra las múltiples exclusiones que sufren, por una distribución más justa de la tierra y el respeto a los territorios que reclaman propios.
Pero si bien éste es el conflicto público más visible en los últimos tiempos, tampoco es el único. Por un lado, están los movimientos medioambientales, que recibieron una dura represión al intentar frenar la construcción de grandes represas hidroeléctricas, y las protestas contra la depredación de los recursos naturales (forestales y mineros). A ello se suman escándalos de diversa índole, como el que derivó en la renuncia del presidente del Directorio de Codelco (Corporación del Cobre de Chile) y el conflicto desatado por el “Caso Bombas”, que terminó con la absolución de los seis acusados de colocar artefactos explosivos en varios edificios de Santiago entre 2006 y 2009.
En este último caso, se muestra a una Justicia chilena digitada por el poder político: Alejandro Peña, quien tuvo que renunciar como segundo Fiscal del caso en donde se acusa a seis “ocupas” de montar una célula “terrorista”, terminó asumiendo como Ministro del Interior y declarando como testigo en contra de los acusados. Por su parte, los “ocupas” declararon que fueron víctimas de torturas psicológicas por parte de la policía carabinera. En el caso Codelco, el gobierno tuvo que soportar la renuncia del presidente Diego Hernández, hecho que la oposición de la Concertación aprovechó para cargar contra el oficialismo y su política frente a recursos estratégicos como el cobre.
En este marco, la situación para Piñera y la Renovación Nacional dista de ser la mejor. Los datos que conocemos permiten interpretar un 2012 con conflictos crecientes y una situación política complicada para el gobierno actual, limitaciones políticas que también comprometen a la mayoría de los grupos opositores que participan de un sistema político institucional dificultado para hacer frente a varios reclamos sociales.
Etiquetas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario