Para Correa, los golpes de Estado son contra gobiernos progresistas

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se refirió a las “nuevas clases de golpes de Estado” y advirtió que “se los quiere envolver en legalidad, pero lo que se hizo en Paraguay es absolutamente ilegal”. El mandatario sufrió en 2010 una asonada policial de características destituyentes.

  

    

Por: 
INFOnews

“Esto no puede ser tolerado”, afirmó Correa en una entrevista con la TV Pública. En ese sentido, subrayó: “Vamos a dar una respuesta consecuente para que esta clase de acciones quede desterrada de una vez por todas de Latinoamérica”.

“¿Ustedes creen que es casualidad que en los últimos cinco años todos los intentos de desestabilización hayan sido con gobiernos progresistas?, se preguntó Correa.

“América Latina está cambiando, nos va muy bien, estamos enfrentando cosas y la prensa burguesa cree que hay que cambiar. Argentina es el país que más crece en América Latina pero todos los días tenemos que ver que nos dicen populistas y nos dan recetas”, agregó el mandatario al referirse a la prensa.

“Creo que entre los movimientos progresistas de América Latina, nos unen muchísimas cosas y se basan esos movimientos en grandes valores de búsqueda de justicia social”, completó.

A 10 años su ejemplo se multiplica

(AW) Publicamos una producción fotográfica de las jornadas del pasado 25 y 26 de junio a 10 años de los fusilamientos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, realizada por los compañeros de Imagen Insurrecta.-

TELEMARKETING | MUERTE DE UNA TRABAJADORA

Morir por miedo a perder el trabajo

Tras la aplicación de la reforma laboral, una trabajadora de Konecta BTO prefirió seguir en su puesto a pesar de estar gravemente enferma.

DANIELE GRASSO / REDACCIÓN

MARTES 12 DE JUNIO DE 2012.  NÚMERO 176

{{MOUNIR}}. “Tras 30 años en España, seguimos siendo españoles no de segunda, sino de tercera categoría”. Foto: David Fernández

“Su muerte ha sido como la del soldado desconocido”. Sentado en un bar del centro de Móstoles, Mounir habla de su hermana Latifa con algo de impotencia. De rabia hacia un sistema laboral que, a cambio de menos de mil euros al mes, ha acabado con una vida. “Como si se tratara de un despido o de una baja voluntaria”. El miedo al despido tras la aplicación de la nueva reforma laboral fue el detonante de la muerte de su hermana.

La familia de Latifa y Mounir llegó a España desde Marruecos hace 30 años. A mediados de los años ‘90, tras pasar por una ONG, Latifa comenzó a trabajar como teleoperadora. Desde entonces, levantarse a las cuatro de la mañana, coger el bus, subirse al Cercanías, cambiar de tren y llegar hasta Tres Cantos se convirtió en un ritual diario. Allí pasaba el día en el centro del Grupo Konecta. Con ella, otros 700 trabajadores, una mínima parte de los más de 14.000 (más del 70% son mujeres) con los que cuenta la empresa en todo el Estado. En 2011 generaron, según datos de la misma compañía, beneficios por 290 millones de euros.

Konecta, en un 40% propiedad del Banco Santander, en un 10% de Liberty y socios minoritarios, asume las campañas de telemarketing de grandes firmas. Lo normal en el sector: “Para entender mejor su funcionamiento te lo puedes imaginar como el de una ETT”, explica un grupo de trabajadores de la empresa a este periódico. Por eso Latifa había trabajado para Airtel, para Autoclub Mutua y gestionando becas para el Santander, pero siempre bajo un contrato indefinido con Konecta.

A pesar de su título universitario como informática, de sus años de experiencia y de sus infatigables ganas de trabajar que recuerdan sus compañeros en la empresa, Latifa nunca fue promocionada.Tampoco vio crecer los 934 euros netos mensuales a los que se añadían las partes proporcionales de las pagas extra. Un sueldo que tenía que dar para mantener a su madre de 77 años, enferma de corazón y sin pensión. A pesar de haber cotizado siete años como asistenta, ésta estaba a cargo de Latifa en la Seguridad Social. Es fácil entender, pues, lo que recuerdan tanto los compañeros de trabajo como el hermano: “nunca renunciaba a hacer horas extra: necesitaba el dinero”.

Baja justificada

Tampoco renunció en diciembre, cuando cogió todas las horas extras que podía hacer. No descansó ningún día. Los domingos era Mounir quien la acompañaba hasta la estación de trenes de Móstoles: “Una de esas mañanas encontré a mi hermana tirada en el suelo”. Un desfallecimiento debido a la falta de descanso, según confirmarían poco después las pruebas en Urgencias. La consecuencia, una baja justificada. Pero a pesar de las advertencias, después de 15 días cogió un alta voluntaria y volvió a su puesto de trabajo.

A comienzos de febrero, los representantes de CGT en la empresa recuerdan cómo un coordinador hizo referencia a la Reforma Laboral del actual Gobierno. En concreto, a una de las modificaciones legales que ha introducido: una baja médica justificada entre nueve y 20 días es causa de despido procedente. Un cambio del marco laboral que Konecta no tardó en aplicar en otra de sus sedes. En Güeñes (Vizcaya), donde ofrece sus servicios a Iberdrola, 11 trabajadoras fueron cesadas en marzo de este año siguiendo esta misma norma que desde Euskal Sindicatua califican de “despido encubierto”.

Ante este escenario, Latifa siguió acudiendo a la oficina de Tres Cantos a pesar de su precario estado de salud. Sus compañeros recuerdan que “un día llegó al trabajo que casi no respiraba”. Una vez trasladada a su centro de salud, pudieron comprobar que tenía una capacidad respiratoria del 20%. Por ello, a comienzos de marzo ingresó en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Allí falleció el 19 del mismo mes por neumonía. El hermano recuerda que su última preocupación fue que alguien advirtiera a la mutua de su ausencia laboral por enfermedad grave.

La compañía, lamenta Mounir, no preveía contratar seguros de vida para sus trabajadores: “Nuestra familia pagó todos los gastos del funeral y del traslado del cuerpo hasta Marruecos, donde la familia pudo despedirse de ella”. De la empresa, añade, “ni una llamada, ni una carta”. Los compañeros de trabajo de Latifa señalan que la razón puede encontrarse en la actitud del departamento de recursos humanos de la empresa: “Latifa... ¿quién?” fue la respuesta que obtuvieron al preguntar si podían colgar unos carteles en recuerdo de la compañera fallecida. A pesar de esto, los responsables de dicho departamento aseguran a este periódico que conocían "muy bien" a Latifa.

Sentado en el bar de la periferia madrileña, Mounir recuerda a Dimitris Christoulas, el pensionista que se quitó la vida en Grecia ante la situación desesperada en la que se encontraba. La muerte de Latifa no fue voluntaria ni dejó el tiempo para una nota de despedida. También fue la de un “soldado desconocido” caído en la batalla diaria para llegar a fin de mes.

UN CONVENIO QUE MANTIENE LA PRECARIEDAD

El caso de Latifa, por cuanto extremo, refleja la situación de precariedad de las trabajadoras de telemarketing, un sector con un 85% de mujeres en plantilla a nivel estatal. El IV convenio quedó congelado desde 2009 hasta su firma, el 23 de mayo de 2012. Contrariamente a CCOO y UGT, el sindicato CGT no lo firmó. “Incluye una subida salarial del 0,5% en los primeros tres años. Para 2013, el aumento salarial será del 0,6%, y del 0,7% para 2014”, explica Celestino Mateo Martí, de la sección sindical de CGT de Teleperformance España. El convenio mantiene además el polémico artículo 17. Este punto establece la extinción del contrato por obra o servicio por disminución del volumen de la campaña contratada, dejando libertad al empresario para cuantificar dicha disminución. Se trata, según la CGT, de un “método legal para despedir a diario e impunemente” en un sector donde el contrato por obra se ha extendido hasta el máximo legal permitido, cuatro años.

En el caso de Konecta, ha sido UGT quien ha denunciado que la empresa está utilizando la Reforma Laboral para la aplicación del despido disciplinario: esto “conlleva únicamente un finiquito de las vacaciones y parte de las pagas extras devengadas hasta la fecha”. No existe ningún tipo de indemnización: “liquidación y al paro”, señala el sindicato.

De los universitarios a los mapuche, los conflictos que Piñera no puede esconder

En los primeros meses de 2012, la conflictividad social y política en Chile fue en aumento. Entre los principales conflictos, encontramos  el que encabezó el movimiento estudiantil, principalmente el sector universitario, contra el sistema educativo vigente; los que se desarrollan en el sur del país ligados al pueblo mapuche; y los problemas internos del gabinete presidencial de Sebastián Piñera.

Por: 

Agustín Lecchi, Pablo Vommaro

Contra la educación pinochetista

En el caso de los estudiantes, la segunda Marcha Nacional de la Educación, realizada a mediados de mayo, reunió a más de 100 mil estudiantes, según cifras brindadas por los propios organizadores. La marcha se realizó como antesala a la reunión que el 21 de mayo mantuvieron los dirigentes universitarios (nucleados en la Federación Universitaria de Chile) con el Ministro de Educación Nacional, Harald Beyer, ligado al Opus Dei. El objetivo era avanzar con el proyecto que los estudiantes presentaron en el Senado sobre los créditos CORFO (una línea de financiamiento que la Corporación de Fomento de la Producción abrió en los bancos para otorgar créditos estudiantiles), exigiendo “rebajar la tasa de interés a un 0 %, devolviendo sólo el capital prestado”. La reunión, según comentaron los estudiantes, no implicó avance alguno.

Al interior de la Federación de Estudiantes Chilenos, los distintos sectores comienzan a debatir cómo darle cauce a este movimiento masivo, principalmente para cuando pasen los momentos de auge para evitar perder el apoyo de otros sectores de la sociedad y que se diluya la iniciativa y capacidad de movilización lograda. Las disyuntivas pasan por encontrar las maneras de no ahogar el reclamo con sucesivas marchas masivas, que cada vez crecen menos, y de avanzar en radicalidad y confluencia con otros sectores en lucha. Sin embargo, las expectativas se opacan al desarrollarse las internas entre los distintos grupos políticos que orientan el conflicto: el Partido Comunista (visible en Camila Vallejos), los independientes y autonomistas (representados en la figura del actual presidente de la Federación Gabriel Boric) y grupos anarquistas, entre otros.

No son nuevas estas discusiones, sino que atraviesan al movimiento desde sus orígenes y tienen la virtud, hasta el momento, de no resquebrajar el eje fundamental del proceso: la crítica radical a la mercantilización, la exclusión, el elitismo y el bajo nivel del sistema educativo chileno, que refuerza la desigualdad social en uno de los países más desiguales de América Latina.

Los conflictos que comenzaron con las movilizaciones estudiantiles universitarias en 2011 –y que paralizaron a la mayoría de las universidades chilenas durante varios meses- pueden ser leídos dentro de un proceso de movilización y politización de los estudiantes que saltó a la luz pública en 2006, con las movilizaciones de los llamados “pingüinos” (estudiantes secundarios, que reciben ese nombre por su uniforme). Algunos investigadores sostienen que los “pingüinos” que se movilizaron entonces son los universitarios movilizados y organizados de ahora. Algo de cierto hay, sobre todo si se tienen en cuenta los principios planteados. Aunque en el 2006 el énfasis estuvo puesto en la aprobación del boleto estudiantil, entonces ya se esbozaba un cuestionamiento más integral al sistema educativo nacional, lo que ahora constituye el eje del movimiento, que además de los sectores universitarios, involucró a estudiantes secundarios de los Liceos.

Crisis en el sistema político
El actual movimiento estudiantil chileno logró instalar el cuestionamiento integral al sistema político de su país. Esto fue posible por la gran adhesión y solidaridad social que recibieron las movilizaciones estudiantiles. Así, el aparente consenso acerca de la dinámica hegemónica de la sociedad chilena edificada durante la dictadura pinochetista, que continuó casi sin cambios durante los gobiernos de la Concertación, se agrietó a partir de las críticas y las propuestas que acompañaron las movilizaciones masivas que se prolongaron durante varios meses en Santiago y las principales ciudades de Chile.

Entre otras derivaciones, el gobierno de Piñera tuvo que convocar a una comisión para revisar el sistema educativo, con participación de los estudiantes movilizados. Es la primera vez que el cuestionamiento al arancelamiento de la educación o al sistema de representación parlamentaria, entre otras cuestiones, adquiere un lugar destacado en las discusiones públicas, lo que obliga a todo el espectro político a tomar posición. Por otra parte, el ejemplo de los estudiantes chilenos fue recuperado por jóvenes en otros países latinoamericanos, como Colombia o Brasil.

Más allá de los mapuche.

El problema mapuche en el sur, que el gobierno no está pudiendo resolver –ya que choca con sus intereses de manera irreconciliable-, seguirá en agenda pública limitando sus acciones. Las organizaciones indígenas mapuche reclaman desde hace décadas contra las múltiples exclusiones que sufren, por una distribución más justa de la tierra y el respeto a los territorios que reclaman propios.

Pero si bien éste es el conflicto público más visible en los últimos tiempos, tampoco es el único. Por un lado, están los movimientos medioambientales, que recibieron una dura represión al intentar frenar la construcción de grandes represas hidroeléctricas, y las protestas contra la depredación de los recursos naturales (forestales y mineros). A ello se suman escándalos de diversa índole, como el que derivó en la renuncia del presidente del Directorio de Codelco (Corporación del Cobre de Chile) y el conflicto desatado por el “Caso Bombas”, que terminó con la absolución de los seis acusados de colocar artefactos explosivos en varios edificios de Santiago entre 2006 y 2009.

En este último caso, se muestra a una Justicia chilena digitada por el poder político: Alejandro Peña, quien tuvo que renunciar como segundo Fiscal del caso en donde se acusa a seis “ocupas” de montar una célula “terrorista”, terminó asumiendo como Ministro del Interior y declarando como testigo en contra de los acusados. Por su parte, los “ocupas” declararon que fueron víctimas de torturas psicológicas por parte de la policía carabinera. En el caso Codelco, el gobierno tuvo que soportar la renuncia del presidente Diego Hernández, hecho que la oposición de la Concertación aprovechó para cargar contra el oficialismo y su política frente a recursos estratégicos como el cobre.

En este marco, la situación para Piñera y la Renovación Nacional dista de ser la mejor. Los datos que conocemos permiten interpretar un 2012 con conflictos crecientes y una situación política complicada para el gobierno actual, limitaciones políticas que también comprometen a la mayoría de los grupos opositores que participan de un sistema político institucional dificultado para hacer frente a varios reclamos sociales.

Etiquetas: 

Conflictos sociales, universitarios, sistema educativo, mapuche, crisis de gobierno

#132

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#Yo soy 132

Demandan estudiantes debate en cadena nacional; el IFE lo rechaza.

Estudiantes bajo el lema "#Yo soy 132"
(AW)Haciendo referencia a los 131 estudiantes que escracharon alcandidato presidencial del partido que gobernó 71 años y que con "ayuda" televisiva apunta a llevarse el cargo el próximo 1 de Julio, nació en varios estados mexicanos un movimiento juvenil como respuesta antisistémica de carácter antipartidista y libertaria.


20 mil jóvenes marcharon por las calles de DF el pasado 23 de Mayo en el día del Estudiante
El despertar juvenil que se vive en nuestro país, se suma al marco internacional de movilizaciones que se han desarrollado en diferentes partes del orbe como Chile, España, Estados Unidos, Canadá y algunos países árabes, en los cuales, los estudiantes han jugado un papel central.

La ruptura de la juventud con los organismos de poder tradicional como son los partidos políticos, los medios de comunicación y algunas instituciones, responde al hartazgo generalizado que la sociedad siente hacia la realidad que se vive a diario caracterizada por la violencia, la explotación, marginación y las mentiras, que sin descanso se difunden en la televisión, la radio y la prensa al servicio de los poderosos.

El cúmulo de las injusticias y el cinismo de los gobernantes han sembrado la semilla de rabia y dignidad que hoy vemos florecer principalmente en los estudiantes, que han convertido a las calles y parques públicos, en lugares de reflexión y crítica con el firme objetivo de poner fin al estado de cosas actuales en nuestro país.

La coyuntura de inicio fue el llamado viernes negro (11 de mayo) cuando estudiantes de la Universidad Iberoamericana rechazaron la presencia del candidato presidencial del PRI en su escuela. Pocos días después, la llama de inconformidad se extendió a otras universidades y colegios a nivel nacional, conformándose un movimiento plural y heterogéneo de estudiantes en su mayoría agrupados bajo el lema "Yo Soy 132".

Este renacer crítico de la juventud, si bien enfrenta contradicciones internas propias de todo movimiento, representa la oportunidad de dar el salto definitivo a un nuevo México, en el que las nuevas generaciones sean portadoras de ideas y novedosas formas de organización, regidas por la permanente participación de todos los sectores sociales, dejando de lado el tradicional verticalismo en la toma de decisiones y poniendo en práctica estructuras horizontales y plurales.

Las demandas de justicia y democracia, en todos los aspectos de la vida, deben incluir a los demás sectores de la población que día a día luchan por sobrevivir en condiciones realmente inhumanas. La crítica al sistema antidemocrático de partidos necesita trascender a la raíz misma del problema, es decir, debe reconocerse que la naturaleza misma del sistema capitalista es incompatible con la verdadera justicia y democracia y, por lo tanto, es necesario un cambio de sistema.
El movimiento "Yo Soy 132" es parte de un proceso de concientización de la juventud, no es algo espontáneo, aunque pretendan descalificarlo los poderosos al llamarlo "un estallido manipulado". El movimiento estudiantil siempre ha existido en México y ha tenido diferentes expresiones, si analizamos las demandas actuales, es claro ver continuidad en los objetivos de lucha y en las necesidades reclamadas, es decir, no es posible descalificar esta nueva etapa de lucha juvenil con simples mentiras.

Ahora bien, las necesidades de lucha reclaman urgentemente una mayor y mejor organización juvenil en cada universidad y escuela, así como el apoyo de la sociedad. Las consignas contra el PRI y su candidato, si bien, muestran un rechazo justo a las viejas prácticas del poder anquilosado, también pueden convertirse en arma de doble filo si son encauzadas por las fuerzas conservadoras a favor de otros candidatos a la presidencia, perdiéndose así, el carácter antipartidista y libertario del movimiento.

En Yucatán, lo anterior es muy claro, durante la marcha del pasado miércoles 23, fue evidente la cercanía de militantes del PAN rondando a los jóvenes inconformes, además, la presencia de varios autonombrados "estudiosos de la democracia y la participación juvenil" de clara afiliación ideológica panista, que con supuesta "postura crítica" se pretenden infiltrar en el legítimo movimiento para encauzar a su favor la opinión de los inconformes.
La semilla de inconformidad que va floreciendo, necesita del apoyo de todos aquellos que integramos los demás sectores sociales oprimidos. El estudiantado ha comenzado a dar pasos firmes para la transformación de México, en nuestras manos esta apoyarlos o seguir siendo parte del problema que durante tantos años ha lacerado a nuestra sociedad.

Fuente Proyecto Ambulante