martes, 23 de agosto de 2016

Falta de fondos para los programas que desarrollan las universidades nacionales

Casi nada para planes de apoyo y becas

Un informe de Conadu advierte que la subejecución presupuestaria afecta diversos planes y convenios destinados a mejorar carreras, articulación del sistema y estudiantes de bajos recursos.

/fotos/20160823/notas/universidad.jpg
El gobierno nacional está subejecutando el presupuesto universitario en las partidas relacionadas con programas, becas e infraestructura. De acuerdo con un estudio realizado por la federación de docentes universitarios Conadu, las transferencias que la Nación debía realizar, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), para los “programas de mejoramiento de carreras, de voluntariado, de vinculación de las universidades con el nivel medio y de apoyo económico a estudiantes de menores recursos a través de becas”, representan apenas un 0,007 por ciento del total del presupuesto ejecutado al 31 de julio pasado. La casi totalidad de los recursos asignados fueron destinados a salarios y gastos de funcionamiento.
“La subejecución se concentra principalmente en el área presupuestaria destinada a los convenios, programas y proyectos a través de los cuales las universidades públicas llevan a cabo acciones relacionadas con (a) la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la educación superior, (b) el desarrollo de políticas públicas en diversas áreas de la acción estatal, (c) el desarrollo, fortalecimiento y expansión del sistema”, indica el informe elaborado por Conadu.
“El presupuesto que se aprobó el año pasado preveía un 25 por ciento de inflación anual, pero la inflación hoy supera ampliamente el 40 por ciento. Si estuviera ejecutándose en tiempo y forma, el presupuesto seguiría siendo insuficiente”, dijo a Página/12 el secretario general de Conadu, Pedro Sanllorenti.
Al término del mes de julio, el gobierno de Mauricio Macri había ejecutado el 56,93 por ciento de los 57 mil millones de pesos previstos en el presupuesto de la educación superior.
Además del impacto de la inflación sobre los salarios, Sanllorenti advierte dos factores clave que alimentan el “desfinanciamiento” de la educación superior: el tarifazo a los servicios públicos (las universidades no fueron eximidas por la Corte Suprema del aumento del gas) y la paralización de los contratos-programa.
“Los contratos-programa –explicó– están sufriendo una paralización en su desarrollo, se están frenando las actividades ligadas a la puesta en marcha de nuevas universidades, a los colegios secundarios dependientes de las universidades y las carreras de reciente creación”.
Un dato que se destaca es “el deterioro progresivo de las condiciones laborales de docentes y no docentes, que perdieron un 12 por ciento del poder adquisitivo de su salario”, revela el documento. Este es uno de los motivos por el cual todos los sindicatos de profesores llamaron a parar mañana (ver aparte).
En febrero pasado –mediante el decreto 336– el Gobierno estableció la anulación de múltiples convenios entre los ministerios y las universidades públicas. Sin embargo, los fondos destinados a esos acuerdos ya habían sido aprobados para este año. Hay trece ministerios que han ejecutado menos del 15 por ciento correspondiente al total de recursos asignados. Entre esas carteras, hay cuatro –Cultura, Comunicaciones, Seguridad y Hacienda– que juntas reúnen cerca de 420 millones, pero no han destinado un solo peso al sistema universitario. También hay cuatro ministerios que han ejecutado menos del 44 por ciento del monto destinado al sector.
El informe detalla el ajuste que atraviesan los comedores estudiantiles y las residencias universitarias –con una demanda cada vez más grande, se aclara–; las obras de infraestructura que ya se habían planificado; los canales universitarios, que no están recibiendo los fondos previstos para su normal funcionamiento; muchas universidades no pueden pagar los alquileres de edificios en los que llevan a cabo actividades regulares de enseñanza. También se han interrumpido programas de becas –como las del Bicentenario, PNBU, Fines, Progresar– y, en otros casos, se han desactualizado sus montos.
La situación de los hospitales universitarios es “preocupante” por la “falta de recursos”, indica el estudio. La UBA es la única universidad que recibió una partida de emergencia destinada a su red hospitalaria.
El relevamiento sobre la situación presupuestaria de las universidades es el segundo informe de este tipo que realiza la Conadu en lo que va del año. “En el primer informe alertábamos sobre una situación que comienza a agravarse, –cerró Sanllorenti– y la tendencia en el corto plazo no parece que vaya a modificarse.”
Informe: Gastón Godoy.
© 2000-2016 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

lunes, 22 de agosto de 2016

Crítica y utopía al pensamiento de Ulrich Beck


Crítica y utopía al pensamiento de Ulrich Beck
Roberto Vila De Prado (*)
Publicado el: 04/08/2016

        Facebook                Texto en Word 

    

El sociólogo alemán Ulrich Beck ** (1944 – 2015) intenta comprender y transformar lo que ha denominado “la sociedad del riesgo”. Sostiene que el problema del riesgo y su persistencia, antes que fenómenos como el cambio climático, la energía nuclear, la crisis financiera y los flujos masivos de inmigrantes son las diferentes percepciones de los mismos según los países y sus intereses. Para encontrar la solución se requiere formular decisiones basadas en un consenso mundial, pero el neoliberalismo (es decir, la ideología dominante) en tanto antepone el negocio al riesgo impide la adopción de políticas eficaces.
 


1. La segunda modernidad (la sociedad del riesgo)

Beck distingue la modernidad avanzada de la modernidad industrial. A esta última, la considera una semi-modernidad. Ambas corresponden a diferentes paradigmas, la primera es la sociedad industrial o de clases estudiada por Marx y Weber, en la segunda hay un proceso avanzado de modernización que produce “efectos secundarios latentes”, como consecuencia del desarrollo técnico-económico, que en realidad son riesgos y peligros difíciles de canalizar y minimizar (Beck, 1998).

En ambos paradigmas existe la desigualdad social, según Beck. En la sociedad industrial, los problemas y conflictos giran en torno al reparto de la riqueza; en la sociedad de la modernización avanzada, los conflictos surgen de la producción y reparto de los riesgos. Los países del llamado “Tercer Mundo” todavía sufren por la “dictadura de la escasez” y se enfrentan a problemas propios del reparto y el incremento de la riqueza social. En los países desarrollados de Occidente, por el contrario, perdió importancia la lucha contra el hambre con el abastecimiento, aunque pueden surgir problemas como la obesidad debido a los alimentos chatarra (Beck, 1998, p. 26).

Desde luego que el riesgo no es algo nuevo, pero antes se trataba de riesgos personales y perceptibles mediante los sentidos; ahora se trata de riegos globales y se advierten en las fórmulas físico-químicas. Beck cita como ejemplo el caso de países boscosos, como Suecia y Noruega, que aunque no poseen industrias que produzcan sustancias nocivas en cantidad, ven amenazadas sus especies vegetales y animales por las industrias de los países vecinos (pp. 27-28).

“Beck se da cuenta que, a diferencia de los viajeros medievales, quienes evaluaban los riesgos individuales antes de cada viaje (expresado en forma de aventura), esta nueva percepción del riesgo se presenta como colectiva y catastrófica [y] dicho cambio se lleva a cabo en concordancia con el aumento de las fuerzas productivas y la materialidad.” (Kostanie, 2010, p. 275).

Estamos en presencia de riesgos que suelen permanecer invisibles y que causan daños irreversibles. Surgen situaciones sociales peligrosas que afectan a todas las clases sociales. Producen desigualdades internacionales afectando a países del Tercer Mundo y también entre los Estados industrializados. Estos efectos secundarios tienen consecuencias para la salud de la naturaleza y del hombre:
“…hundimientos de mercados, desvalorización del capital, controles burocráticos de las decisiones empresariales, apertura de nuevos mercados, costes monstruosos, procedimientos judiciales” (p. 30).

Los daños al medioambiente por la actividad industrial se caracterizan por una pérdida del pensamiento social, pérdida que no llama ni siquiera la atención de los sociólogos (p. 31).
Los riesgos y la riqueza son objeto de repartos, hay quien gana y quien pierde. Cuando se trata de recursos escasos a los que se aspira (ya sean los ingresos o la educación), los riesgos suelen ser considerados un producto adicional, cuyos efectos se niegan o reinterpretan. Vale decir que ante los riesgos y su reparto siempre hay medidas argumentativas. Esto se ve facilitado porque muchas de las contaminaciones no son perceptibles por los sentidos (p.33). Las afirmaciones que se divulgan sobre los peligros son del tipo:
“La constatación en niños de ‘concentraciones de plomo no peligrosas’ o de ‘elementos de pesticidas en la leche materna’ no es en tanto que tal una situación civilizatoria de peligro, como tampoco lo es la concentración de nitratos en los ríos o la presencia de dióxido de sulfuro en el aire” (p. 33).

Considerar al riesgo como “efectos secundarios latentes” lo consiente y lo legitima a la vez, lo hace ver como un destino natural. Además, estos riesgos atraviesan las fronteras, se globalizan. Las cadenas de alimentos, por ejemplo, conectan en la práctica todos los habitantes del planeta (p. 42).

En la segunda modernidad, según Beck, quedan obsoletos muchos de los conceptos de las ciencias sociales. Las coordenadas que tradicionalmente marcaban las fronteras de la desigualdad y la inseguridad (clases y colectivos sociales homogéneos) han sido alteradas por poderosos procesos de individualización y fragmentación familiar y social.
El análisis del proceso de modernización, según U. Beck, exige diferenciar individualización de atomización. En el primero de estos conceptos, existen los derechos humanos, la educación y el Estado de bienestar; es decir que los hombres están “en situación de dominar las contradicciones de la modernidad en la organización y la orientación de sus propias vidas, al igual que sus redes sociales y políticas”. En cambio, en el segundo concepto, “los recursos institucionales no existen…” (Correa Osorno & Guillén Mesa, 2011, p. 149).

Sobre este punto, dice Bauman, que los problemas son comunes a todos y se derivan de la estructura y jerarquías sociales, y de las formas de vida sociales; pero la responsabilidad de resolverlos recae sobre las personas tomadas “de una en una”. De manera que…
“… cada individuo aparece, y se presenta a sí mismo, como culpable de su propia vida y de lo que ocurre en ella: si enferma, si no encuentra trabajo, si no tiene amigos, si triunfa o si fracasa. El triunfo de la libertad condena al sujeto a sí mismo. Y, sin embargo, al mismo tiempo, no se le dan los instrumentos para que pueda resolver esos problemas, pues esa libertad, en realidad, es ficticia: el sujeto no tiene capacidad para actuar” (Jiménez de Asensio, 2009, p. 81).

Se parte del supuesto que, aunque los problemas son globales, debemos encontrar soluciones individuales, pero hay una gran diferencia entre ser “individuo” y ser “institución”. Por eso, Bauman dice que “somos solitarios conectados”.

“El ciudadano comienza a perder una importante porción de su soberanía cognitiva; así surgen los conocidos expertos del riesgo, quienes junto a las estructuras económicas ejercen una explotación comercial con miras a nuevos mecanismos de seguridad.” (Kostanie, 2010, p. 276).

La obra de Beck es un trabajo pionero en lo que respecta a la teoría del riesgo y el temor en la sociedad moderna. Sin embargo, ha recibido numerosas críticas de sus colegas:
- R. Castel (2006) considera que si bien las sociedades modernas están “equipadas con todo tipo de materiales y protecciones, son aquellas donde el sentimiento de inseguridad no solo es moneda corriente, sino que atraviesa todos los estratos sociales”. Esta comunidad del miedo, lo lleva a la siguiente proposición: “la inseguridad moderna no sería la ausencia de protecciones, sino todo lo contrario, una obsesiva manía vinculada a la búsqueda incesante de seguridad en un mundo social interrelacionado.” (Kostanie, 2010, p. 278).

- Según Luhmann (2006), Beck y sus discípulos confunden el riesgo con la amenaza: “La caída de un avión o un terremoto no son un riesgo para el ciudadano en general porque su decisión no determina el evento en ninguna de sus formas; las amenazas no se forman por riesgos individuales”. En segundo lugar, “el riesgo se configura como tal siempre y cuando pueda ser evitable por el sujeto” (Kostanie, 2010, p. 279).

Después de haber revisado estos y otros argumentos, Kostanie formula la siguiente hipótesis de trabajo:

“La percepción de riesgo es mayor en aquellos económicamente activos en comparación con otros grupos laboralmente pasivos, como menores de edad y jubilados o pensionados” (p. 280).

Los debates sobre la necesidad de una nueva legislación que conduzca a una “nueva sociedad”, ya no se dan en los parlamentos. Estos debates se sitúan en la microelectrónica, la manipulación genética y los medios de comunicación. La toma de decisiones que antes se hacía en el poder político se ha desplazado a los laboratorios de investigación y los gabinetes de los ejecutivos, vale decir a la sub-política tecnológica. De manera que el campo de lo no-político va convirtiéndose en guía de lo político.

2. La transformación social hacia una globalidad alternativa

Beck afirma que las cuestiones de la transformación social se han desplazado del campo de la política al de la sub-política. Sin embargo, no se reconoce que la sociedad moderna contemporánea no tiene ningún centro de dirección. Los diferentes campos de la sub-política (como la ciencia y la economía) no pueden seguir simulando que hacen política con sus medios, y que por lo tanto están transformando la vida social.

En esta situación las tendencias hacia las autonomías pueden superar la auto- coordinación de las partes del sistema. Desde luego que Beck no aboga por la centralización en un autoritarismo científico con una burocracia excesiva que se manifieste como una dirección única de la anomia. Además, se pueden establecer formas intermedias de control.

“… Se perdieron institucionalmente las posibilidades de autodeterminación democrática. En cambio, las innovaciones económicas y técnicas se han convertido en el motor permanente de las transformaciones sociales y ello excluye la participación, el control y la oposición. Así se han originado las múltiples contradicciones que hoy irrumpen” (pp. 282-283).

Las autoridades políticas aparecen como responsables frente a las protestas críticas, pero en realidad no tienen la menor idea de los cambios que fomentan o dicen fomentar.
“Los efectos laterales se atribuyen a la responsabilidad de la política y no a la de la economía. Es decir, la economía no asume lo que ha originado y la política asume lo que no cae bajo su control” (p. 281).

Cuando las nuevas generaciones se preguntan ¿qué debemos hacer?, se les responde con las antiguas lógicas del Siglo XIX: la movilización de nuevas fuerzas creativas científicas y técnicas. Pero ya no estamos en la transición de la sociedad tradicional a la sociedad industrial. La sociedad industrial es considerada por Beck como semi-moderna, y no se puede comparar con los cambios inéditos acaecidos en los dos últimos siglos. Las innovaciones constantes de esta nueva forma de modernización tienen consecuencias no deseadas que pueden desembocar en algo contrario a lo esperado.
“… pues lo que se consideraba una política estabilizadora puede convertirse muy rápidamente en una desestabilización general” (p. 282).

Beck se pregunta cómo podría controlarse la investigación que redefine la muerte y la vida, si no hay normas emanadas del parlamento. Da como ejemplo, cómo se podría impedir la manipulación genética sin cuestionar la libertad de investigación. Su respuesta es la siguiente:
- “Mediante una generalización, con garantías jurídicas, de ciertas capacidades de influencia de la sub-política” Esto se refiere a garantizar juicios independientes y facilitar la intervención independiente de los medios de comunicación (p.288).

- “Garantizar institucionalmente una vía para la oposición al predominio de profesiones o de gestión empresarial, vía que hasta hoy se ha abierto camino con grandes dificultades” (p.288).
Esto último se refiere a la existencia de controversias internas en la empresa y en la profesión acerca de los “riesgos implícitos en los desarrollos objeto del escepticismo reprimido” (p.288).
“Por lo que a la política oficial se refiere, se abrirían también muchas oportunidades de influencia. Imaginemos, por ejemplo, como cabría orientar la discusión sobre la reducción de los costes de la previsión social, si se dispusiera de una medicina alternativa eficaz y dotada de sólidos argumentos” (p. 289).

No se trata de restablecer el monopolio de la política – dice Beck – ni tampoco la alternativa está en la oposición capitalismo/socialismo.

Los trabajos de Beck abordan el tema de la sociedad global con un enfoque generalista, aunque reconoce que las percepciones del riesgo varían de un país a otro y que la situación no es la misma en el “Tercer Mundo”, queda pendiente en consecuencia el estudio del problema desde el punto de vista de la corriente post-colonial.

(*) Magister en Sociedad de la Información y el conocimiento (U.O.C). Profesor Emérito de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

(**) Sus últimas publicaciones en español sobre la globalización fueron La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida y ¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Ambas editadas por Paidós Ibérica en 2008.

domingo, 21 de agosto de 2016

La política educativa en el país: Entrevistas a ministros y funcionarios de educación de la Nación y de diferentes provincias.

Boletín de novedades educativas N° 72. La política educativa en el país: Entrevistas a ministros y funcionarios de educación de la Nación y de diferentes provincias.

 |  |  |
En este boletín les presentamos una selección de entrevistas realizadas en nuestro programa radiofónico #Educación Hoy (martes en el 95.5 Mhz en FM Concepto). Esta selección expone una de las líneas de trabajo del programa en la que apuntamos a dar cuenta de la situación educativa de cada provincia, a través de las voces de sus ministros y de funcionarios de áreas específicas del sistema educativo. ¿Qué priorizan? ¿De qué diagnóstico o relevamiento parten? ¿Qué acciones piensan llevar a cabo o están implementando? ¿Cómo hacen pública la información y los datos del sistema que gestionan? Son algunos de los ejes que atraviesan los diferentes reportajes.
Banner boletín mensual
Cada una de estas entrevistas está disponible en formato de podcast en la sección Radio de nuestro sitio web, clickeando en la categoríapolítica educativa. Las mismas fueron grabadas entre noviembre del 2015 y agosto del 2016.
Esperamos que estos podcast puedan serles útiles a todos aquellos interesados en la situación de la educación de nuestro país, y que a su contribuyan a instalar y profundizar el debate educativo en la sociedad.

La visión de diferentes ex ministros de educación

  • Juan Carlos Tedesco, ex ministro de Educación de la Nación (2006 – 2007, 2007 – 2009).El rol del ministro de Educación. Programa emitido el 15 de noviembre del 2015.
  • Andrés Delich, ex ministro de Educación de la Nación (2001). Programa emitido el 17 de mayo del 2016.
  • Mariano Narodowski, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2007 -2009). Sobre su estudio que encabezó sobre el abandono de alumnos de la escuela media, en base a datos del Ministerio de Educación de la Nación. Programa emitido el 3 de mayo del 2016.


Ministros y funcionarios de educación del país

  • Cecilia Veleda, directora ejecutiva del INFOD sobre su gestión al frente de la entidad y diversos lineamientos de cara a futuro. Programa emitido el  14 de junio y de junio del 2016.
  • Max Gualmanelli, Secretario de Gestión Escolar de la Nación. Programa emitido el 14 de junio del 2016.
  • Manuel Vidal, Subsecretario de Política Docente y Gestión Territorial de laprovincia de Buenos Aires. Programa emitido el 29 de marzo del 2016.
  • Mónica Silva, Ministra de Educación de la Provincia de Río Negro. Programa emitido el 26 de julio del 2016.
  • Guillermina Tiramonti, Directora de Formación Continua de la Provincia de Buenos Aires. Programa emitido el 12 de julio del 2016.
  • Marcelo VillegasMinistro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.Programa emitido el 2 de agosto del 2016.
  • Ivonne Aquino, Ministra de Educación de la provincia de Misiones. Programa emitido el 19 de julio del 2016.
  • Alfredo Jara, Secretario de Cultura de la provincia de Formosa. Programa emitido el 21 de junio del 2016.
  • Marcelo Amitrano, ministro de Educación de la provincia de San Luis.Programa emitido el 31 de mayo del 2016.
  • Juan Luna, Ministro de Educación de La Rioja. Programa emitido el 24 de mayo del 2016.
  • María Clelia Odicino, responsable del Programa de Planeamiento y Gestión Educativa de la provincia de San Luis. Programa emitido el 17 de mayo del 2016
  • Claudia Balagué, Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe. Programa emitido el 3 de mayo del 2016.
  • Sara Lucero, directora de Nivel Secundario de la provincia de Mendoza. Programa emitido el 19 de abril del 2016.
  • Delia Provinciali, Secretaria de Educación de la provincia de Córdoba. Programa emitido el 12 de abril del 2016.
  • Fernanda Montenovi, secretaria de Planeamiento Educativo de la provincia deJujuy. Programa emitido el 12 de abril del 2016.


ONGs en la educación

  • Agustina Cavanagh, Directora ejecutiva de Fundación Cimientos. Institución que participó de la firma de un acuerdo federal entre el Gobierno nacional y representantes de diferentes provincias. Programa emitido el 26 de julio del 2016.
  • Graciela Krichesky, profesora especialista en Secundaria. Investigadora docente de la Universidad General Sarmiento y colaboradora de la Fundación Cimientos. Un diagnóstico de la educación secundaria. Los circuitos diferenciados de educación. Programa emitido el 9 de agosto del 2016.

viernes, 12 de agosto de 2016

El debate de los rectores ante la crisis presupuestaria

Entre reclamar y negociar

Los rectores independientes y cercanos al peronismo promueven un reclamo público para exigirle al Gobierno más recursos, mientras los rectores vinculados al radicalismo apuestan al diálogo. Acordaron pedirle una reunión al ministro Bullrich, que se haría la semana que viene.

/fotos/20160812/notas/na15di01.jpg
La crisis presupuestaria de las universidades divide aguas entre los rectores de las instituciones de educación superior. En las últimas reuniones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –el organismo que agrupa a las autoridades de universidades públicas– quedaron expuestas las fisuras en el posicionamiento respecto de la escasez de fondos que sufren las universidades para afrontar la inflación y el tarifazo a los servicios. Mientras los rectores independientes y cercanos al peronismo impulsan un reclamo público para exigirle al Gobierno más recursos, los rectores vinculados al radicalismo apuestan al diálogo con los funcionarios del oficialismo y piden paciencia. Los rectores sí se pusieron de acuerdo para pedirle una reunión al ministro de Educación, Esteban Bullrich, que ya tiene fecha: será el próximo miércoles 17.
“Con la plata que me dieron no llego a pagar ni dos meses de luz”, se quejó el rector de una universidad bonaerense, en diálogo con este diario. “Ya no es solo un problema económico, sino político. El Gobierno tiene sus prioridades y la universidad no está entre ellas –dijo–. Acá el problema lo tenemos todos, no sólo los del bloque peronista.”
Hace más de tres meses, para paliar el tarifazo en los servicios públicos y los aumentos por inflación, Mauricio Macri prometió un refuerzo de 500 millones de pesos –un uno por ciento de aumento para el presupuesto universitario–. De aquella cifra, sólo se ejecutó un 20 por ciento. Anteayer, la Secretaría de Políticas Universitarias firmó una segunda resolución por 248 millones, que todavía no se ejecutó.
Cuando el Presidente anunció el 2 de mayo el refuerzo de 500 millones –producto de que en el presupuesto elaborado en 2015 no estaban contempladas la devaluación, la suba de la inflación ni el aumento de tarifas–, el CIN acordó una pauta de distribución de esos fondos, que todas las universidades apoyaron, a excepción de la UBA, que exigió 150 millones para afrontar sus necesidades. Educación avisó que no consideraría esa propuesta de distribución y pidió que las universidades presentaran las facturas de sus servicios para que el Gobierno enviara el dinero justo para saldar las cuentas. Para parte de los rectores, esa exigencia viola la autonomía universitaria. De los 248 millones que se firmaron el miércoles, 120 serán a la UBA.
“Siempre tuvimos problemas para cerrar los números. Siempre tuvimos diferencias entre nosotros (los rectores), pero con buena relación”, marcó un rector radical del interior del país. “A Bullrich le dijimos en la cara que no nos gustó la distribución que hizo de los 500 millones”, aclaró.
Pese a las diferencias políticas, los rectores ya acordaron pedir para 2017 un incremento del 63 por ciento en el presupuesto universitario, es decir, una asignación de 85 mil millones de pesos. El miércoles que viene, en la reunión prevista con Bullrich, volverán a plantear las dificultades económicas que están atravesando, en un contexto que incluye el reclamo de los gremios docentes para que se reabran las paritarias para negociar una nueva mejora salarial ante el avance de la inflación.
Esta semana, las autoridades del CIN mantuvieron también un encuentro con los dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina. La presidenta de la FUA, Josefina Mendoza, y su vicepresidente, Ezequiel Marín, ambos de la radical Franja Morada, analizaron con algunos rectores la situación de las universidades. El presupuesto universitario –el actual y el de 2017–, los reclamos salariales de los profesores, y la reforma de la Ley de Educación Superior fueron algunos de los temas que trataron.
“Tienen que llegar los 500 millones, y espero que se mantenga el compromiso del ministro (Bullrich), de que si falta dinero para cubrir tarifas se asigne una partida extra”, dijo Mendoza a Página/12, aunque aclaró que “el problema va más allá, porque todos los años pasa lo mismo, tiene que ver con una conformación del presupuesto”. La presidenta de la FUA opinó que el presupuesto debe prever una asignación mayor para la ciencia y la tecnología, ya que es un área que siempre “queda relegada a la hora de invertir”.
Informe: Gastón Godoy.
© 2000-2016 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

martes, 2 de agosto de 2016

Comenzó a funcionar el boleto estudiantil bonaerense y reclaman su ampliación


“No puede aplicarse en forma parcial”

El boleto gratuito empezó a regir para alumnos de inicial, primaria y secundaria. Pese a lo previsto por la ley, por ahora no alcanza a estudiantes universitarios y terciarios. Las organizaciones estudiantiles piden que abarque a todos los niveles.

/fotos/20160802/notas/na14di01.jpg
Ayer se comenzó a aplicar en la provincia de Buenos Aires el boleto estudiantil gratuito, que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal el 20 de julio. A la vuelta de las vacaciones de invierno, alumnos de primaria y secundaria pudieron viajar gratis en colectivos; sin embargo, ningún estudiante universitario ni terciario pudo hacerlo, pese a que figuran como beneficiarios en la ley aprobada hace un año por la legislatura provincial (ley 14.735). Según se anunció oficialmente, el boleto funcionará en forma parcial este cuatrimestre e incluirá a los alumnos de la Universidad de La Plata. Pero ayer los dirigentes de la federación estudiantil platense aseguraron que aún no fueron alcanzados por el beneficio, que recién estaría disponible para fin de mes. El transporte fluvial, los trenes y los colectivos interjuridiccionales tampoco están contemplados, al igual que los viajes de larga distancia.
“No se puede decir que es una conquista, porque el anuncio ni siquiera se reglamentó, no salió por Boletín Oficial. Una ley de estas características no puede aplicarse en forma parcial, para Vidal hay estudiantes de primera y de segunda”, dijo a Página/12 Matías Federici, del Frente de Estudiantes del Conurbano (FEC), un espacio que agrupa a los centros de estudiantes de las universidades de San Martín, Tres de Febrero, Moreno, Hurlingham, Arturo Jauretche, Avellaneda, Lanús, Luján y La Matanza, entre otras, además de centros de institutos terciarios y escuelas secundarias.
Federici destacó que “del medio millón de estudiantes universitarios bonaerenses, sólo cien mil podrían gozar del beneficio, que son los de La Plata; tampoco los terciarios”. El dirigente del FEC lamentó que se decidiera “otorgarle el boleto a la universidad que menor índice de deserción tiene en relación con las del conurbano”. También destacó que las universidades hasta ahora excluidas “tienen un 74 por ciento de estudiantes de primera generación”, y que “más del 70 por ciento de estos estudiantes trabaja y estudia. Tener el boleto gratuito o no muchas veces define si pueden continuar la cursada”.
Darío Estévez, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), consideró una conquista el estreno del boleto educativo, por dos motivos: “Ahora cuatro millones de estudiantes tienen un derecho nuevo, es un triunfo bien material, bien concreto. El otro aspecto es la demostración de que se le puede ganar a Cambiemos, le torcimos el brazo a Vidal con la unidad y la lucha”. Sin embargo, aclaró que los universitarios platenses todavía no cuentan con el boleto que, estimó, “estaría para fines de agosto”.
El boleto educativo cubre 50 viajes al mes gratuitos para alumnos de los niveles inicial, primario y secundario. Para los estudiantes de la UNLP el beneficio abarca 45 viajes (a través de la carga de 315 pesos en la tarjeta SUBE). La ley preveía alcanzar a todos los estudiantes universitarios bonaerenses, incluyendo viajes anuales de larga distancia, que tampoco rigen. El transporte fluvial, los trenes y colectivos interjurisdiccionales (los que van del número cero al 200) también están hoy excluidos de la cobertura.
El reclamo del boleto educativo gratuito, una antigua reivindicación del movimiento estudiantil, se profundizó este año tras el tarifazo al transporte y los servicios públicos. Hay proyectos para instrumentarlo a nivel nacional y en numerosos distritos. En la provincia de Buenos Aires, la ley había sido aprobada el julio de 2015, pero recién el mes pasado se anunció su puesta en marcha.
El vicepresidente de la Federación Universitaria Argentina, Ezequiel Marín, de Franja Morada, una de las patas estudiantiles de Cambiemos, dijo a este diario: “Nos parece un avance muy importante, aunque no sea lo óptimo, porque también entendemos la situación en la que había quedado el territorio después de años de desgobierno. Nos parece un paso adelante en el acceso al derecho a la educación”, subrayó. Marín advirtió que están “atentos” para fiscalizar que la ley se aplique y para colaborar con la implementación de futuras medidas. Además, se mostró “preocupado” por los terciarios, que “como instancia de educación no universitaria deberían estar contemplados”.
Tanto desde la FULP como el FEC coincidieron en que el anuncio oficial sirvió para “descomprimir” –en la provincia hubo marchas multitudinarias reclamando el boleto–. Pero adelantaron que, cuando se cumpla el 40º aniversario de la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre, van a salir “con todo a la calle para reclamar lo que falta”.
Informe: Gastón Godoy.
© 2000-2016 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

sábado, 30 de julio de 2016

UBA homenajeó a estudiantes y docentes reprimidos en "la Noche de los Bastones Largos"

A 50 años

Además de la violencia ejercida, significó la expulsión de cientos de profesores y científicos.
Estudiantes y docentes de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que fueron reprimidos y detenidos por la dictadura de Onganía el 29 de julio de 1966, en el episodio conocido como "la noche de los bastones largos", fueron distinguidos por ese centro de estudios a 50 años de esa intervención militar.

El homenaje tuvo lugar en la Manzana de las Luces, lugar que en ese entonces servía para que funcione la facultad de Exactas y en el que las fuerzas de la dictadura irrumpieron con gases y palos para expulsar a docentes y estudiantes.

Allí, las víctimas de esa represión que empujó al exilio a investigadores, recibieron de manos del rector de la UBA, Alberto Barbieri, medallas y diplomas en reconocimiento a su defensa de la autonomía universitaria.

Barbieri destacó que "esa noche oscureció no sólo la Universidad, sino un proyecto de desarrollo de país", y agregó que "la UBA fue uno de los focos centrales en donde se debatió y se puso el cuerpo para restituir la democracia en nuestro país".

"Tenemos una deuda social para que todos los argentinos tengan la posibilidad de estudiar en una universidad pública", agregó y agradeció a los allí presentes, señalando que "son el espíritu de lo que representa la universidad pública".

El ministro de Educación, Esteban Bullrich subrayó que "no sorprende que aquellos que precisan la ignorancia para tener poder, ataquen la educación, ya que es lo que ilumina, es la luz que debemos mantener encendida". Asimismo, exhortó a que se trabajar en conjunto para lograr que todos los argentinos accedan al nivel universitario.

Por su parte el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, aseveró que "la historia de la universidad es también la historia de nuestras vidas"; y dijo también que "estamos empeñados en construir una cultura tan innovadora y defensora de su época como aquella". Por último, se descubrió una placa conmemorativa que será colocada en La Manzana de las Luces, donde funcionaba entonces la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

jueves, 28 de julio de 2016

Evalúan poner en marcha un sistema universitario "no tan rígido"






secretario de Políticas Universitaria de la Nación, Albor Cantard, manifestó que se evalúa un sistema universitario que no sea tan rígido para que los estudiantes tengan más posibilidades de pasar de una carrera a otra como un modo de retenerlos y no expulsarlos y, en este sentido, aseguró que se analiza el método de "créditos por conocimientos" que se aplica en la Universidad de Córdoba 

Cantard participó de la reunión del Consejo de Planificación Regional de Educación Superior (Cpres) en la sede de la universidad cordobesa donde rectores y académicos de casas de altos estudios de la región centro debaten la oferta de estudios y su adecuación a la demanda productiva de la región.

"La tasa de graduación es muy baja. Tenemos que flexibilizar las currículas en los planes académicos del sistema universitario, tiene que haber más posibilidades que los estudiantes pasen de una carrera a otra. La apuesta es que el sistema no sea tan rígido", explicó Cantard.

El rector de la universidad del Litoral aseguró que se analiza el sistema que implementa la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que consiste en el sistema de "créditos de conocimientos", mediante el cual las materias cursadas por los universitarios son reconocidas cuando abandonan una carrera para comenzar otra. 

"En mucho de los casos de deserción se producen porque los chicos comienzan una carrera en determinadas disciplina y después se ve frustrado porque no es su vocación. Apuntamos a que ese chico pueda seguir en otra carrera similar, que el sistema universitario no los expulse, sino que los recupere a través de tutorías, de becas. De esa manera creemos que se va a ir revirtiendo la deserción", resaltó Cantard.

Cantard hizo hincapié, además,en la necesidad de "poner en debate todo el sistema educativo" del país, al sostener que tuvo un "indiscutible retroceso" en los últimos años y que "Argentina debe recuperar el lugar que históricamente ocupó en Latinoamérica en la educación.

"Dejamos de ser líderes en la región en materia de educación. Las falencias del nivel secundarios las observamos claramente en las universidades y las falencias en las universidades las observamos en el ejercicio profesional", detalló el funcionario.

Precisó además que hay que promover estas discusiones que se plantea en los CPRES para que Argentina "vuelva a ocupar el lugar que históricamente ocupó en la educación del continente".

En esa búsqueda de reposicionar a la Argentina en su calidad educativa, Cantard manifestó que en estos encuentros regionales se trata de obtener un diagnóstico preciso de la oferta académica en las regiones, adecuándolos más a la realidad del país.

En ese sentido añadió que se relevan cuáles son las necesidades académicas, de profesionales y también de trabajar en un sistema de expansión de la educación superior de manera más planificada y articulada con los distintos sectores de la región. "Argentina tiene una heterogeneidad muy grande en términos regionales y el gran desafío es satisfacer todas las demandas académicas", remarcó.

Las actividades del CPRES se extenderán hasta mañana con las presencias de rectores, funcionarios y académicos de las universidades y educación terciaria públicas y privadas de las provincias de integran la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe).

El anfitrión del encuentro fue el rector de al UNC, Hugo Juri, quien aseveró que "además de los diagnósticos debemos avanzar en hacer cosas. Lo que planteamos es integrar y potencia a las universidades, no quedarnos solamente con el diagnóstico. Debemos integrarnos íntegramente desde el punto académico y tecnológico", resaltó.

lunes, 11 de julio de 2016

Argentina: renace el debate sobre la gratuidad universitaria

Por, Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET)

 Serie Desafíos Latinoamericanos, 9

En la Argentina, el debate sobre la gratuidad de la enseñanza superior no es nuevo y ha recobrado impulso en las últimas semanas. Las controversias acerca de si las universidades deben o no cobrar colegiaturas o aranceles a los estudiantes, han sido siempre expresión de disputas políticas y de posicionamientos ideológicos encontrados. Hoy, algunos enfoques contrarios a la gratuidad han vuelto a la escena educativa con argumentos que se sustentan en simplificaciones analíticas y en enfoques economicistas que parecían estar superados en el debate público nacional.

NoSeVende
La lucha por la gratuidad de la educación y contra la privatización de la enseñanza recobra fuerza en América Latina.

La polémica falaz que opone masividad, pluralidad e inclusión a calidad académica, así como la que contrapone redistribución y democratización de la educación superior a selección en el acceso, rigurosidad en la permanencia y eficiencia egreso parecían haber quedado sepultadas por el peso de una multiplicidad de experiencias, acciones institucionales y políticas públicas desarrolladas en el país durante los últimos años. En efecto, desde el retorno a la democracia a mediados de los 80 y, particularmente, durante la última década, un conjunto de universidades públicas y otras de gestión social, como la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), han puesto de relevancia la posibilidad de ampliar las oportunidades de acceso y permanencia a estudiantes de sectores populares, gran parte de ellos pertenecientes a familias que nunca habían tenido la oportunidad de acceso a la educación superior, garantizando una oferta educativa de alta calidad académica y pertinencia social.
En varios momentos de este tradicional debate político y educativo acerca de quién debe pagar y quién deber ser el principal responsable y proveedor de la formación universitaria, se han intentado reducir los complejos y diversos problemas políticos, sociales, demográficos, éticos, culturales, pedagógicos, académicos, organizativos y administrativos que atraviesan la vida de las universidades – de todas las universidades, inclusive de aquellas que cobran aranceles – a exclusivas cuestiones de management, gerencia y responsabilidad en la ejecución del gasto que garantiza la provisión de los “servicios” universitarios.
Si se quisiera reflexionar y debatir tan solo sobre su financiamiento, cabe afirmar que la educación superior se paga indirectamente a través de impuestos recaudados por el Estado a partir de la responsabilidad que detenta como garante de derechos y que ejerce redistribuyendo oportunidades, recursos y bienes comunes. Más allá de que se pretenda esconderlo, lo que niega este protagonismo del Estado en la trayectoria de vida de las mayorías, a partir de políticas que se financian con recursos y fondos públicos, es una posición ideológica, economicista y privatizadora que entiende que la educación superior es un bien transable al que se accede de manera individual, que debe ser provisto por un mercado que, como el resto de las esferas de la vida económica y social, redistribuirá beneficios en virtud de los méritos y de las condiciones de quienes aspiren a acceder a él.
En la Argentina, la actual Ley de Educación Nacional se contrapone enfáticamente a esta posición, afirmando los principios de un Estado activo y presente en la garantía de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, rechazando toda forma de mercantilización del conocimiento, la educación y la cultura.
El inicio de un nuevo gobierno nacional ha vuelto a poner en evidencia que ciertos sectores sociales acomodados y sus representantes políticos conservadores, no parecen dispuestos a aceptar de buen grado que el Estado argentino invierta (ellos dicen, que “gaste”) importantes recursos públicos en educación y cultura ni, mucho menos, en inclusión educativa y cultural. Rechazan por considerarlo ineficiente, dispendioso e improductivo el esfuerzo realizado en los últimos años por aumentar la inversión pública social. Del mismo modo, estos sectores alertan sobre lo que consideran ser el principal rol de un Estado que llaman “moderno” y “responsable”: evaluar y estimular la competencia, despolitizando su función social y reduciendo su intervención en la democratización de oportunidades a los sectores más postergados. Al confundir que el problema de los recursos para financiar las políticas públicas no sólo es que sean “escasos”, sino que sean “finitos”, ocultan y solapan el problema de fondo: las razones que explican su particular distribución y quiénes, en definitiva, se benefician de ellos.
La disputa sobre cuál es el mejor modelo de educación superior que necesita el país, vuelve a ganar relevancia ante la ofensiva de perspectivas neoliberales y conservadoras que parecen regresar el debate a los años 90.
Durante los últimos años, hemos observado que sólo la gratuidad de los estudios universitarios no es suficiente, ni permite mejorar por sí misma los índices de permanencia y egreso. Sin embargo, también hemos observado que la gratuidad es una condición absolutamente necesaria para que el derecho a una educación superior de calidad pueda garantizarse universalmente y no sólo a pequeños y privilegiados sectores de la sociedad. En este sentido, la gratuidad no es el techo que debemos alcanzar sino el piso sobre el que debemos construir condiciones que habiliten trayectorias académicas de calidad, significativas y relevantes. Lo que deberíamos discutir es qué universidad deseamos, cómo logramos la producción sistemática de saberes que atiendan las particularidades del nivel superior y nos permitan crear y discutir modelos y posiciones pedagógicas que acompañen el desarrollo de esas trayectorias.
La Argentina ha avanzado mucho en el diseño de políticas de inclusión y de afirmación de derechos históricamente negados a grandes sectores de la población. Esos avances nos obligan hoy a buscar los modos de resolver el problema de la calidad de la enseñanza y del derecho al aprendizaje sin restringirlos a la ecuación: “menos estudiantes = mayor calidad”. Del mismo modo, constituirá un retroceso de consecuencias negativas bastante previsibles, que reduzcamos el éxito del sistema universitario argentino a la trayectoria destellante de un pequeño y selecto grupo de egresados (cuyas conquistas laborales se explican mucho más por su capital social que por su desempeño educativo). También, que sólo evaluemos y analicemos el desempeño de nuestras universidades por el lugar que ellas ocupan en algún ranking internacional que desconsidera la especificidad y relevancia pedagógica o social de nuestras instituciones de educación superior.
Hemos avanzado mucho y es imprescindible no retroceder, ya que si lo hacemos se perjudicarán, una vez más, los más pobres, los excluidos, los hijos y las hijas de los trabajadores, los sectores populares. Esos que han aprendido que una buena universidad, una universidad de excelencia, una universidad de calidad, es aquella que logra equiparar las desigualdades de origen, logrando enseñar, producir, construir y transmitir aprendizajes y conocimientos significativos para actuar y transformar la realidad en que vivimos.

Nicolás Trotta es abogado, docente universitario y rector de laUniversidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La UMET es la primera universidad latinoamericana de gestión social creada por una organización de trabajadores, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH). De su dirección participan numerosos sindicatos, organizaciones sociales y empresas. 95% de sus alumnos poseen becas y apoyos para el cursado de sus carreras y más de 70% de ellos son la primera generación de estudiantes de sus familias. Twitter: @trottanico

jueves, 7 de julio de 2016

Alertaron sobre la posible desvinculación de trabajadores del Programa Nacional de Educación Sexual

Sin educación en contra del machismo

Capacitadores de todo el país advirtieron acerca de la inactividad del programa y la posible desvinculación de la tercera parte de los especialistas. No se imprimieron materiales ni se transfirieron fondos específicos a las provincias.

Por Mariana Carbajal
/fotos/20160707/notas/na17fo01.jpg
Un afiche que pertenece a la serie de materiales que el programa distribuía en las escuelas.
Las acciones para prevenir la violencia machista que venía preparando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) corren riesgo. La posible desvinculación de un tercio de sus especialistas, a partir del cambio de subsecretario de Políticas Socioeducativas y de Gestión, del cual depende el área, despertó la preocupación de capacitadores externos del Programa, que dieron la voz de alerta a través de redes sociales. El programa, creado en 2008, trabajaba, entre otras iniciativas, en el desarrollo de actividades destinadas a todos los niveles educativos para prevención de las distintas formas de violencia de género, en cumplimiento de la Ley 27.234, aprobada en noviembre por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero, y que establece que el tema sea abordado, al menos, en una jornada anual, en escuelas primarias, secundarias y terciarias.
Los responsables del Programa propusieron a las nuevas autoridades del ministerio ampliar la propuesta también al nivel inicial y elaboraron cartillas, con propuestas didácticas, para que la temática no quede circunscripta a un solo día de reflexión, sino que se extienda a lo largo del ciclo lectivo. El material está listo para entrar a imprenta, según confirmaron a Página/12 fuentes del Ministerio. También ya se había gestionado el dinero necesario para transferir a las provincias, a fin de que pudieran cumplir con la nueva ley. El proyecto de prevención de las violencias machistas debía presentarse en la reunión del Consejo Federal de Educación, que se realizará en agosto. Pero la sorpresiva salida de Marcelo Cugliandolo, quien había asumido al frente de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas y de Gestión al inicio de la gestión del presidente Macri, y se había comprometido con la continuidad del trabajo que desarrollaba el Programa bajo la coordinación de Mirta Marino, abre una instancia de incertidumbre sobre su futuro. A esta situación se suma la no renovación de los contratos de cinco de sus especialistas, que vencieron el 1 de julio. Ayer, el gremio negociaba la renovación por dos meses más, en esos casos, pero sin más certezas sobre su continuidad. Sus puestos representan un tercio del equipo de especialistas que conforman el Programa.
Según pudo saber este diario, desde que Esteban Bullrich asumió como ministro, las tareas del Programa avanzaban con mucha lentitud, en relación al ritmo que tenían hasta diciembre, por la falta de impulso que se le estaba dando al tema. Al frente continuaron Marino y su equipo.
El Programa de ESI se creó en 2008, en cumplimiento con la ley sancionada en 2006, y luego de que se aprobaran en el Consejo Federal de Educación los contenidos mínimos curriculares –elaborados por una comisión de expertas-. Desde entonces, elaboró materiales didácticos, que incluyen cuadernillos, láminas y videos para trabajar los temas en las distintas materias, revistas para que las familias puedan también abordar diferentes temáticas (embarazo adolescente, trata, violencia en los noviazgos, diversidad sexual, entre otros) con sus hijos e hijas en sus casas.
En 2012 comenzaron las capacitaciones masivas a docentes, que en ese año alcanzaron a 12 mil en todo el país. En 2013, las capacitaciones llegaron a 20 mil docentes, en 2014 llegaron a 28 mil y en 2015, a otros 29.400, según informó Marino. En total, durante la gestión del ex ministro Alberto Sileoni, pasaron por las capacitaciones presenciales, 89.400 docentes y directivos, de 37.400 escuelas de gestión pública y privada de las provincias de Formosa, Salta, La Pampa, Chubut, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Buenos Aires, Misiones, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, Jujuy, San Luis, Corrientes y Catamarca. Un requisito para quienes participan de las capacitaciones era hacer, luego, una jornada institucional en sus escuelas, con suspensión de clases, para compartir sus conocimientos con el resto del personal docente. Desde que asumió el macrismo, esta política, fundamental, no tuvo continuidad. El equipo del Programa de ESI estaba preparado para continuar, y hoy tenía previsto abrir la inscripción para los cursos virtuales, creados paralelamente en 2009 –y por los que pasaron 29.536 docentes más–, pero fuentes del ministerio consultadas por este diario no pudieron confirmar si se habilitaría.
La ley de ESI estableció que los contenidos deben ser adecuados a la edad del alumnado y abordados de manera transversal. Y son obligatorios para todas las escuelas desde nivel inicial, incluso las confesionales.
© 2000-2016 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

martes, 5 de julio de 2016

Informe sobre la asignación presupuestaria a las universidades en el primer semestre


Fondos escasos y encima subejecutados

Un estudio elaborado por la Conadu advierte que, al impacto de la inflación y el tarifazo en el presupuesto universitario, se suma el atraso del Gobierno en la asignación de recursos y la falta de financiamiento para programas específicos.

/fotos/20160705/notas/untitled-5.jpg
El presupuesto universitario no sólo fue afectado por la inflación y el incremento de la tarifas. También fue afectado durante el primer semestre por la subejecución de las partidas instrumentada por el gobierno nacional –el giro de fondos a la educación superior es incluso inferior al destinado a otras áreas de la administración pública– y por la ausencia de fondos dirigidos a los programas que venía financiando la Nación en las universidades. De los 88 programas vigentes, en 59 no hubo ninguna asignación presupuestaria en lo que va del año y sólo diez tienen un crédito que podría considerarse “normal” a esta fecha, es decir, por encima del 30 por ciento de ejecución. Los datos surgen de un informe que realizó el Instituto de Estudios y Capacitación del sindicato docentes Conadu.
“Durante el primer semestre de 2016, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales mostraron niveles de ejecución sustantivamente por debajo de lo esperable”, explicó Gabriel Martínez, quien estuvo a cargo del informe sobre el presupuesto universitario. El economista advirtió también que el gasto realizado se concentró casi exclusivamente en el pago de salarios.
El estudio señala que de los 56 mil millones de pesos presupuestados en total para las universidades este año, al 20 de mayo pasado se habían ejecutado menos de 16 mil millones, el 28,9 por ciento del presupuesto anual. “Este nivel de ejecución se encuentra por debajo del nivel de ejecución general del sector público que es del 32 por ciento”, sostiene el informe.
Además, el dato toma otra dimensión cuando se explica que el presupuesto del que se habla se aprobó el año pasado, por lo que no se contempló la inflación y el tarifazo (que en algunos servicios públicos superó el 700 por ciento). Por esa razón, los rectores universitarios solicitaron un refuerzo de fondos. El Gobierno anunció a comienzos de mayo un extra de 500 millones, pero aún no lo distribuyó.
La comparación de este período del año en relación con el mismo del 2015 ilustra las diferencias. “El parate en la gestión se magnifica si observamos la cantidad y peso de las resoluciones firmadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de las cuales se autoriza la transferencia de recursos a las universidades.” En los primeros cuatro meses de este año, la SPU firmó solamente trece resoluciones, cuando en el mismo lapso del año anterior se habían firmado 268. Las resoluciones constituyen una autorización de gasto, que puede concretarse el mes que se firmó o los subsiguientes. “Por lo tanto, no significa en sí misma una transferencia efectiva de recursos; es probable que los recursos que hayan recibido las universidades sean menores aún a los informados”, alerta el informe.
En el caso de los diversos programas desarrollados por las universidades y sostenidos por el Estado nacional con financiamiento específico, la mayoría de ellos no recibió fondos en lo que va del año. El informe de Conadu detalle que son 59 los programas con 0 por ciento de ejecución presupuestaria, a 15 se les ejecutó menos del 20 por ciento y a 14 más de ese porcentaje. La decena de programas con la ejecución esperable a la fecha son los relacionados con la Conae y la Conea, los vinculados al Ministerio de Transporte, al INTA, la cartera de Agroindustria, Dirección de Vialidad, el Instituto Geográfico y el Enargas.
Si bien a través del decreto 336/2016 el Ejecutivo resolvió dejar sin efecto desde abril a los programas celebrados entre la administración pública nacional y las universidades u otras instituciones educativas, salvo los casos en que los ministros requiriesen lo contrario, el informe destaca que “esto no significa que las distintas entidades y jurisdicciones pierdan instantáneamente el crédito presupuestario que estaba asignado”.
“Venimos de una década donde el sector universitario público fue uno de los sectores priorizados por las políticas públicas. Ayudaron a eso leyes como la de Financiamiento Educativo y la de Educación Nacional, grandes avances. Es necesario asegurar su cumplimiento e iniciar un debate en el ámbito de la comunidad educativa, para reforzarlas con una nueva ley que asegure el financiamiento que la universidad pública requiere”, señaló el autor del estudio.
Federico Montero, dirigente de Conadu, dijo a Página/12 que “el tema del presupuesto va a ser determinante para el segundo semestre, porque no se resolvió ninguna cuestión de fondo”. Y apuntó a la cuestión salarial, que volverá a discutirse en septiembre, cuando se abra la instancia prevista en la paritaria para relevar la inflación: “Lamentablemente, la inflación está lejos de seguir los parámetros que el macrismo pautó; ni siquiera con sus índices hubo una recomposición salarial, si la tendencia sigue es probable que se reactive el conflicto”.
Informe: Gastón Godoy.
© 2000-2016 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

viernes, 1 de julio de 2016

LAS UNIVERSIDADES PIDEN UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DEL 63 POR CIENTO

Los rectores marcan la cancha

El Consejo Interuniversitario Nacional aprobó solicitar para 2017 un presupuesto de casi 85 mil millones de pesos para afrontar los aumentos salariales, ajustes de tarifas y la inflación. El Gobierno todavía no giró el refuerzo de fondos anunciado por Macri.

/fotos/20160701/notas/na18di01.jpg
Todavía a la espera de los 500 millones de pesos que Mauricio Macri anunció hace dos meses para que las universidades pudieran afrontar la inflación y los aumentos de tarifas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya aprobó el monto que le requerirán al Gobierno para poder funcionar en 2017: asciende a casi 85 mil millones de pesos, es decir, un 63 por ciento de aumento respecto del presupuesto vigente.
“El CIN establece un presupuesto que se le plantea a la SPU y a Nación. Aunque todavía no se presentó oficialmente el monto, nosotros ya trabajamos con ese número, que supera los 80 mil millones”, explicó a Página/12 Guillermo Tamarit, presidente del consejo interuniversitario. “También pedimos un incremento en las partidas de los rubros salud, ciencia y técnica”, remarcó.
El plenario del CIN, que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales, realizó ayer una sesión plenaria en la Universidad de Tucumán, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia. Allí se discutió y aprobó la propuesta del proyecto de presupuesto para 2017: llega a 84.890 millones de pesos, un marcado incremento respecto de los 51,9 mil millones de este año, con el que los rectores aspiran a afrontar tanto los aumentos salariales acordados en paritarias con docentes y trabajadores no docentes, como los efectos de la inflación en los gastos de funcionamiento y los ajustes de tarifas.
La solicitud de los rectores se produce mientras las casas de estudios siguen aguardando el refuerzo presupuestario anunciado por el Presidente a comienzos de mayo, en medio de los reclamos académicos por la falta de recursos en las universidades.
Desde el CIN presentaron a mediados de mayo una propuesta de distribución de aquellos 500 millones que nunca llegaron: propusieron que 400 millones se repartieran a partir de las mismas pautas con que se reparte el presupuesto anual, y los 100 restantes se destinaran a las casas de estudio nuevas, las que tienen menos de diez años.
Pero en Educación no acordaron con ese criterio consensuado por unanimidad en el CIN. Los funcionarios pretenden repartir los fondos en base a las necesidades específicas de cada universidad, otorgando en cada caso un monto que permita cubrir el desfasaje presupuestario que generó el aumento de los servicios públicos. Tamarit aseguró que “en los próximos 15 o 20 días podrían otorgarse cien millones (el 20 por ciento) de lo que anunció Macri”.
Antes de tratar la cuestión presupuestaria, el plenario del CIN abrió sus deliberaciones en la Legislatura local con la presencia del gobernador Juan Manzur y del ministro de Educación, Esteban Bullrich. La rectora de la UNT, Alicia Bardón, abogó por “consolidar el compromiso con la defensa de una educación pública e inclusiva”; y Tamarit destacó al encuentro como la posibilidad de visibilizar lo que las universidades públicas hacen en todo el país: “Hay mucho por hacer, pero también hay mucho por reivindicar”, destacó.
Bullrich realizó una presentación del programa sobre compromiso social educativo que se presentará el 12 de julio próximo. “Las universidades tienen mucho que aportar para hacer del paso de la educación media a la universitaria un puente y no un callejón sin salida –dijo el ministro–. Los convocamos a definir el formato en que debe darse este diálogo: el proceso, las temáticas y los espacios.”
Además, el plenario del CIN firmó memorándums de entendimiento con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, la Academia Nacional de Educación y la Federación Universitaria Argentina, con el objetivo de colaborar en la organización de la tercera Conferencia Regional en Educación Superior (CRES) en 2018, como parte de las celebraciones del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba. La CRES es organizada por el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que pertenece a la Unesco. La primera conferencia se hizo en La Habana (Cuba) en 1998 y la segunda en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008. De la CRES participan delegados de todas las instituciones de educación superior de la región.
© 2000-2016 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

“La calidad de la educación en un enfoque competencial”

Bienvenido sea el controvertido término de las  “competencias básicas” , entendidas como capacidades holísticas e integrales, como conjuntos...