El Gobierno reconoce que faltan más de 15.000 vacantes (más del 90 por ciento, en nivel inicial), pero las familias estiman que son más de 22.000. Ese déficit tiene fuerte impacto en las vidas de las mujeres-madres, que deben suplir al Estado.
Por Mariana Carbajal
A un mes del inicio de clases, unos 22 mil chicas y chicos siguen sin vacante en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. La amplia mayoría corresponde al nivel inicial, de acuerdo con datos oficiales. El déficit en la infraestructura escolar porteña por falta de inversiones desorganiza los hogares. “El impacto es mayor en los sectores más vulnerables y sobre todo, pega con más fuerza sobre las mujeres”, señaló a PáginaI12 la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, que hoy presentará el primer informe del Observatorio Universitario de Bueno Aires, que aborda esta problemática desde una perspectiva de género y derechos (ver aparte). “La ausencia del Estado la suele suplir la madre”, apuntó a este diario Micaela López Rodríguez, mamá de León, de 4 años y cofundadora del colectivo “La vacante es un derecho”, desde donde brindan asesoría y contención a familias desesperadas. Las tareas de cuidado empujan a mujeres-madres a postergar su desarrollo profesional, trabajar menos horas o salir del mercado laboral. Mañana se concentrarán frente al Ministerio de Educación del gobierno porteño para exigir respuestas. Hace cuatro años que desde “La vacante es un derecho” vienen pidiendo una audiencia a la ministra Soledad Acuña y a la directora del Área de Educación Inicial, Susana Basualdo, sin lograr que las reciban.
Por Mariana Carbajal
“En este momento nos explotan los teléfonos. Nos llegan familias con muchísima angustia, mujeres llorando, porque creyeron que su hijo estaba anotado y se enteraron luego de que había hecho una preinscripción y se quedaron sin vacante. O se les acaba la licencia por maternidad y no saben qué van a hacer con su bebé porque no consiguieron lugar”, describió López Rodríguez.
A pesar de que el gobierno todavía no dio cifras sobre chicos y chicas sin vacante, desde el colectivo “La vacante es un derecho” accedieron a información oficial que da cuenta de la gravedad del problema: al viernes último, faltaban 13.972 en el nivel inicial, 1232 en primaria y 427 en secundaria, es decir, un total de 15.631 lugares para quienes hicieron la inscripción on line y validaron el registro correspondiente. Pero López Rodríguez explicó que estiman que casi 6400 chicos y chicas más también se quedaron sin lugar en escuelas, porque ni siquiera pudieron llegar a completar el sistema de inscripción por falta de recursos. “Este año hay una elevada cantidad de personas que por distintas razones vinculadas a la crisis económica no pudieron validar la inscripción porque tienen que elegir entre cargar la Sube y comprar alimentos. La validación se hace personalmente en una escuela donde el sistema te manda y no necesariamente está en tu barrio”, detalló López Rodríguez. De acuerdo con los relevamientos que vienen haciendo, la falta de vacante es superior a la del año anterior cuando calcularon que rondó los 19 mil y se fue incrementando con el correr de los años de gobierno macrista: en 2014 fue de 7000. En cinco años, la cifra se habría triplicado, de acuerdo con las estimaciones del colectivo.
Los Centros de Primera Infancia (CPI) del gobierno porteño “ofrecen paliativos de desigual calidad, con una alta rotación de personal que, en general, no cuenta con título docente”, advierte el informe “Derechos Vacantes” del OUBA. El de la falta de vacantes escolares es un problema recurrente en la ciudad de Buenos Aires, que pone en tensión el derecho infantil a la educación”, señaló Morgade.
Los CPI reciben a niños y niñas de 45 días a 4 años, pero “no tienen supervisión pedagógica, son muy desparejos en su calidad y están gestionados por ONG con convenios con la Ciudad”, agregó. Ni siquiera dependen del Ministerio de Educación: están bajo la órbita de Desarrollo Social. De total de chicos y chicas sin vacantes en nivel inicial, un alto porcentaje termina en esos dispositivos, señaló López Rodríguez (ver aparte).
Por Mariana Carbajal
El mapa de la distribución de los CPI muestra su “abrumadora presencia” en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias pobres más afectadas por la fuerte crisis económica. “Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza a su vez su situación de exclusión social”, denuncia el informe del OUBA.
Para Myriam Feldfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), esta situación se contrapone con lo establecido por la Constitución de la Ciudad, que reconoce en su artículo 24 “la responsabilidad estatal indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar los diez años de escolaridad o el período mayor que la legislación determine”.
“El Gobierno de la Ciudad debería construir las escuelas de nivel inicial, primario y secundario necesarias para que todas las chicas y todos los chicos no solamente tengan su vacante sino que también lo hagan en condiciones que les permitan desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que significa entre otros aspectos que las y los docentes cuenten con las condiciones de trabajo adecuadas y no trabajen con grupos muy numerosos”, señaló la experta.
