UBA homenajeó a estudiantes y docentes reprimidos en "la Noche de los Bastones Largos"

A 50 años

Además de la violencia ejercida, significó la expulsión de cientos de profesores y científicos.

Estudiantes y docentes de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que fueron reprimidos y detenidos por la dictadura de Onganía el 29 de julio de 1966, en el episodio conocido como "la noche de los bastones largos", fueron distinguidos por ese centro de estudios a 50 años de esa intervención militar.

El homenaje tuvo lugar en la Manzana de las Luces, lugar que en ese entonces servía para que funcione la facultad de Exactas y en el que las fuerzas de la dictadura irrumpieron con gases y palos para expulsar a docentes y estudiantes.

Allí, las víctimas de esa represión que empujó al exilio a investigadores, recibieron de manos del rector de la UBA, Alberto Barbieri, medallas y diplomas en reconocimiento a su defensa de la autonomía universitaria.

Barbieri destacó que "esa noche oscureció no sólo la Universidad, sino un proyecto de desarrollo de país", y agregó que "la UBA fue uno de los focos centrales en donde se debatió y se puso el cuerpo para restituir la democracia en nuestro país".

"Tenemos una deuda social para que todos los argentinos tengan la posibilidad de estudiar en una universidad pública", agregó y agradeció a los allí presentes, señalando que "son el espíritu de lo que representa la universidad pública".

El ministro de Educación, Esteban Bullrich subrayó que "no sorprende que aquellos que precisan la ignorancia para tener poder, ataquen la educación, ya que es lo que ilumina, es la luz que debemos mantener encendida". Asimismo, exhortó a que se trabajar en conjunto para lograr que todos los argentinos accedan al nivel universitario.

Por su parte el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, aseveró que "la historia de la universidad es también la historia de nuestras vidas"; y dijo también que "estamos empeñados en construir una cultura tan innovadora y defensora de su época como aquella". Por último, se descubrió una placa conmemorativa que será colocada en La Manzana de las Luces, donde funcionaba entonces la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Evalúan poner en marcha un sistema universitario "no tan rígido"

secretario de Políticas Universitaria de la Nación, Albor Cantard, manifestó que se evalúa un sistema universitario que no sea tan rígido para que los estudiantes tengan más posibilidades de pasar de una carrera a otra como un modo de retenerlos y no expulsarlos y, en este sentido, aseguró que se analiza el método de "créditos por conocimientos" que se aplica en la Universidad de Córdoba 

Cantard participó de la reunión del Consejo de Planificación Regional de Educación Superior (Cpres) en la sede de la universidad cordobesa donde rectores y académicos de casas de altos estudios de la región centro debaten la oferta de estudios y su adecuación a la demanda productiva de la región.

"La tasa de graduación es muy baja. Tenemos que flexibilizar las currículas en los planes académicos del sistema universitario, tiene que haber más posibilidades que los estudiantes pasen de una carrera a otra. La apuesta es que el sistema no sea tan rígido", explicó Cantard.

El rector de la universidad del Litoral aseguró que se analiza el sistema que implementa la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que consiste en el sistema de "créditos de conocimientos", mediante el cual las materias cursadas por los universitarios son reconocidas cuando abandonan una carrera para comenzar otra. 

"En mucho de los casos de deserción se producen porque los chicos comienzan una carrera en determinadas disciplina y después se ve frustrado porque no es su vocación. Apuntamos a que ese chico pueda seguir en otra carrera similar, que el sistema universitario no los expulse, sino que los recupere a través de tutorías, de becas. De esa manera creemos que se va a ir revirtiendo la deserción", resaltó Cantard.

Cantard hizo hincapié, además,en la necesidad de "poner en debate todo el sistema educativo" del país, al sostener que tuvo un "indiscutible retroceso" en los últimos años y que "Argentina debe recuperar el lugar que históricamente ocupó en Latinoamérica en la educación.

"Dejamos de ser líderes en la región en materia de educación. Las falencias del nivel secundarios las observamos claramente en las universidades y las falencias en las universidades las observamos en el ejercicio profesional", detalló el funcionario.

Precisó además que hay que promover estas discusiones que se plantea en los CPRES para que Argentina "vuelva a ocupar el lugar que históricamente ocupó en la educación del continente".

En esa búsqueda de reposicionar a la Argentina en su calidad educativa, Cantard manifestó que en estos encuentros regionales se trata de obtener un diagnóstico preciso de la oferta académica en las regiones, adecuándolos más a la realidad del país.

En ese sentido añadió que se relevan cuáles son las necesidades académicas, de profesionales y también de trabajar en un sistema de expansión de la educación superior de manera más planificada y articulada con los distintos sectores de la región. "Argentina tiene una heterogeneidad muy grande en términos regionales y el gran desafío es satisfacer todas las demandas académicas", remarcó.

Las actividades del CPRES se extenderán hasta mañana con las presencias de rectores, funcionarios y académicos de las universidades y educación terciaria públicas y privadas de las provincias de integran la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe).

El anfitrión del encuentro fue el rector de al UNC, Hugo Juri, quien aseveró que "además de los diagnósticos debemos avanzar en hacer cosas. Lo que planteamos es integrar y potencia a las universidades, no quedarnos solamente con el diagnóstico. Debemos integrarnos íntegramente desde el punto académico y tecnológico", resaltó.

Argentina: renace el debate sobre la gratuidad universitaria

Por, Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET)

 Serie Desafíos Latinoamericanos, 9

En la Argentina, el debate sobre la gratuidad de la enseñanza superior no es nuevo y ha recobrado impulso en las últimas semanas. Las controversias acerca de si las universidades deben o no cobrar colegiaturas o aranceles a los estudiantes, han sido siempre expresión de disputas políticas y de posicionamientos ideológicos encontrados. Hoy, algunos enfoques contrarios a la gratuidad han vuelto a la escena educativa con argumentos que se sustentan en simplificaciones analíticas y en enfoques economicistas que parecían estar superados en el debate público nacional.

La lucha por la gratuidad de la educación y contra la privatización de la enseñanza recobra fuerza en América Latina.

La polémica falaz que opone masividad, pluralidad e inclusión a calidad académica, así como la que contrapone redistribución y democratización de la educación superior a selección en el acceso, rigurosidad en la permanencia y eficiencia egreso parecían haber quedado sepultadas por el peso de una multiplicidad de experiencias, acciones institucionales y políticas públicas desarrolladas en el país durante los últimos años. En efecto, desde el retorno a la democracia a mediados de los 80 y, particularmente, durante la última década, un conjunto de universidades públicas y otras de gestión social, como la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), han puesto de relevancia la posibilidad de ampliar las oportunidades de acceso y permanencia a estudiantes de sectores populares, gran parte de ellos pertenecientes a familias que nunca habían tenido la oportunidad de acceso a la educación superior, garantizando una oferta educativa de alta calidad académica y pertinencia social.

En varios momentos de este tradicional debate político y educativo acerca de quién debe pagar y quién deber ser el principal responsable y proveedor de la formación universitaria, se han intentado reducir los complejos y diversos problemas políticos, sociales, demográficos, éticos, culturales, pedagógicos, académicos, organizativos y administrativos que atraviesan la vida de las universidades – de todas las universidades, inclusive de aquellas que cobran aranceles – a exclusivas cuestiones de management, gerencia y responsabilidad en la ejecución del gasto que garantiza la provisión de los “servicios” universitarios.

Si se quisiera reflexionar y debatir tan solo sobre su financiamiento, cabe afirmar que la educación superior se paga indirectamente a través de impuestos recaudados por el Estado a partir de la responsabilidad que detenta como garante de derechos y que ejerce redistribuyendo oportunidades, recursos y bienes comunes. Más allá de que se pretenda esconderlo, lo que niega este protagonismo del Estado en la trayectoria de vida de las mayorías, a partir de políticas que se financian con recursos y fondos públicos, es una posición ideológica, economicista y privatizadora que entiende que la educación superior es un bien transable al que se accede de manera individual, que debe ser provisto por un mercado que, como el resto de las esferas de la vida económica y social, redistribuirá beneficios en virtud de los méritos y de las condiciones de quienes aspiren a acceder a él.

En la Argentina, la actual Ley de Educación Nacional se contrapone enfáticamente a esta posición, afirmando los principios de un Estado activo y presente en la garantía de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, rechazando toda forma de mercantilización del conocimiento, la educación y la cultura.

El inicio de un nuevo gobierno nacional ha vuelto a poner en evidencia que ciertos sectores sociales acomodados y sus representantes políticos conservadores, no parecen dispuestos a aceptar de buen grado que el Estado argentino invierta (ellos dicen, que “gaste”) importantes recursos públicos en educación y cultura ni, mucho menos, en inclusión educativa y cultural. Rechazan por considerarlo ineficiente, dispendioso e improductivo el esfuerzo realizado en los últimos años por aumentar la inversión pública social. Del mismo modo, estos sectores alertan sobre lo que consideran ser el principal rol de un Estado que llaman “moderno” y “responsable”: evaluar y estimular la competencia, despolitizando su función social y reduciendo su intervención en la democratización de oportunidades a los sectores más postergados. Al confundir que el problema de los recursos para financiar las políticas públicas no sólo es que sean “escasos”, sino que sean “finitos”, ocultan y solapan el problema de fondo: las razones que explican su particular distribución y quiénes, en definitiva, se benefician de ellos.

La disputa sobre cuál es el mejor modelo de educación superior que necesita el país, vuelve a ganar relevancia ante la ofensiva de perspectivas neoliberales y conservadoras que parecen regresar el debate a los años 90.

Durante los últimos años, hemos observado que sólo la gratuidad de los estudios universitarios no es suficiente, ni permite mejorar por sí misma los índices de permanencia y egreso. Sin embargo, también hemos observado que la gratuidad es una condición absolutamente necesaria para que el derecho a una educación superior de calidad pueda garantizarse universalmente y no sólo a pequeños y privilegiados sectores de la sociedad. En este sentido, la gratuidad no es el techo que debemos alcanzar sino el piso sobre el que debemos construir condiciones que habiliten trayectorias académicas de calidad, significativas y relevantes. Lo que deberíamos discutir es qué universidad deseamos, cómo logramos la producción sistemática de saberes que atiendan las particularidades del nivel superior y nos permitan crear y discutir modelos y posiciones pedagógicas que acompañen el desarrollo de esas trayectorias.

La Argentina ha avanzado mucho en el diseño de políticas de inclusión y de afirmación de derechos históricamente negados a grandes sectores de la población. Esos avances nos obligan hoy a buscar los modos de resolver el problema de la calidad de la enseñanza y del derecho al aprendizaje sin restringirlos a la ecuación: “menos estudiantes = mayor calidad”. Del mismo modo, constituirá un retroceso de consecuencias negativas bastante previsibles, que reduzcamos el éxito del sistema universitario argentino a la trayectoria destellante de un pequeño y selecto grupo de egresados (cuyas conquistas laborales se explican mucho más por su capital social que por su desempeño educativo). También, que sólo evaluemos y analicemos el desempeño de nuestras universidades por el lugar que ellas ocupan en algún ranking internacional que desconsidera la especificidad y relevancia pedagógica o social de nuestras instituciones de educación superior.

Hemos avanzado mucho y es imprescindible no retroceder, ya que si lo hacemos se perjudicarán, una vez más, los más pobres, los excluidos, los hijos y las hijas de los trabajadores, los sectores populares. Esos que han aprendido que una buena universidad, una universidad de excelencia, una universidad de calidad, es aquella que logra equiparar las desigualdades de origen, logrando enseñar, producir, construir y transmitir aprendizajes y conocimientos significativos para actuar y transformar la realidad en que vivimos.

Nicolás Trotta es abogado, docente universitario y rector de laUniversidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La UMET es la primera universidad latinoamericana de gestión social creada por una organización de trabajadores, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH). De su dirección participan numerosos sindicatos, organizaciones sociales y empresas. 95% de sus alumnos poseen becas y apoyos para el cursado de sus carreras y más de 70% de ellos son la primera generación de estudiantes de sus familias. Twitter: @trottanico

Alertaron sobre la posible desvinculación de trabajadores del Programa Nacional de Educación Sexual

Sin educación en contra del machismo

Capacitadores de todo el país advirtieron acerca de la inactividad del programa y la posible desvinculación de la tercera parte de los especialistas. No se imprimieron materiales ni se transfirieron fondos específicos a las provincias.

Por Mariana Carbajal

Un afiche que pertenece a la serie de materiales que el programa distribuía en las escuelas.

Las acciones para prevenir la violencia machista que venía preparando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) corren riesgo. La posible desvinculación de un tercio de sus especialistas, a partir del cambio de subsecretario de Políticas Socioeducativas y de Gestión, del cual depende el área, despertó la preocupación de capacitadores externos del Programa, que dieron la voz de alerta a través de redes sociales. El programa, creado en 2008, trabajaba, entre otras iniciativas, en el desarrollo de actividades destinadas a todos los niveles educativos para prevención de las distintas formas de violencia de género, en cumplimiento de la Ley 27.234, aprobada en noviembre por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero, y que establece que el tema sea abordado, al menos, en una jornada anual, en escuelas primarias, secundarias y terciarias.

Los responsables del Programa propusieron a las nuevas autoridades del ministerio ampliar la propuesta también al nivel inicial y elaboraron cartillas, con propuestas didácticas, para que la temática no quede circunscripta a un solo día de reflexión, sino que se extienda a lo largo del ciclo lectivo. El material está listo para entrar a imprenta, según confirmaron a Página/12 fuentes del Ministerio. También ya se había gestionado el dinero necesario para transferir a las provincias, a fin de que pudieran cumplir con la nueva ley. El proyecto de prevención de las violencias machistas debía presentarse en la reunión del Consejo Federal de Educación, que se realizará en agosto. Pero la sorpresiva salida de Marcelo Cugliandolo, quien había asumido al frente de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas y de Gestión al inicio de la gestión del presidente Macri, y se había comprometido con la continuidad del trabajo que desarrollaba el Programa bajo la coordinación de Mirta Marino, abre una instancia de incertidumbre sobre su futuro. A esta situación se suma la no renovación de los contratos de cinco de sus especialistas, que vencieron el 1 de julio. Ayer, el gremio negociaba la renovación por dos meses más, en esos casos, pero sin más certezas sobre su continuidad. Sus puestos representan un tercio del equipo de especialistas que conforman el Programa.
Según pudo saber este diario, desde que Esteban Bullrich asumió como ministro, las tareas del Programa avanzaban con mucha lentitud, en relación al ritmo que tenían hasta diciembre, por la falta de impulso que se le estaba dando al tema. Al frente continuaron Marino y su equipo.
El Programa de ESI se creó en 2008, en cumplimiento con la ley sancionada en 2006, y luego de que se aprobaran en el Consejo Federal de Educación los contenidos mínimos curriculares –elaborados por una comisión de expertas-. Desde entonces, elaboró materiales didácticos, que incluyen cuadernillos, láminas y videos para trabajar los temas en las distintas materias, revistas para que las familias puedan también abordar diferentes temáticas (embarazo adolescente, trata, violencia en los noviazgos, diversidad sexual, entre otros) con sus hijos e hijas en sus casas.
En 2012 comenzaron las capacitaciones masivas a docentes, que en ese año alcanzaron a 12 mil en todo el país. En 2013, las capacitaciones llegaron a 20 mil docentes, en 2014 llegaron a 28 mil y en 2015, a otros 29.400, según informó Marino. En total, durante la gestión del ex ministro Alberto Sileoni, pasaron por las capacitaciones presenciales, 89.400 docentes y directivos, de 37.400 escuelas de gestión pública y privada de las provincias de Formosa, Salta, La Pampa, Chubut, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Buenos Aires, Misiones, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, Jujuy, San Luis, Corrientes y Catamarca. Un requisito para quienes participan de las capacitaciones era hacer, luego, una jornada institucional en sus escuelas, con suspensión de clases, para compartir sus conocimientos con el resto del personal docente. Desde que asumió el macrismo, esta política, fundamental, no tuvo continuidad. El equipo del Programa de ESI estaba preparado para continuar, y hoy tenía previsto abrir la inscripción para los cursos virtuales, creados paralelamente en 2009 –y por los que pasaron 29.536 docentes más–, pero fuentes del ministerio consultadas por este diario no pudieron confirmar si se habilitaría.
La ley de ESI estableció que los contenidos deben ser adecuados a la edad del alumnado y abordados de manera transversal. Y son obligatorios para todas las escuelas desde nivel inicial, incluso las confesionales.

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Informe sobre la asignación presupuestaria a las universidades en el primer semestre

Fondos escasos y encima subejecutados

Un estudio elaborado por la Conadu advierte que, al impacto de la inflación y el tarifazo en el presupuesto universitario, se suma el atraso del Gobierno en la asignación de recursos y la falta de financiamiento para programas específicos.

El presupuesto universitario no sólo fue afectado por la inflación y el incremento de la tarifas. También fue afectado durante el primer semestre por la subejecución de las partidas instrumentada por el gobierno nacional –el giro de fondos a la educación superior es incluso inferior al destinado a otras áreas de la administración pública– y por la ausencia de fondos dirigidos a los programas que venía financiando la Nación en las universidades. De los 88 programas vigentes, en 59 no hubo ninguna asignación presupuestaria en lo que va del año y sólo diez tienen un crédito que podría considerarse “normal” a esta fecha, es decir, por encima del 30 por ciento de ejecución. Los datos surgen de un informe que realizó el Instituto de Estudios y Capacitación del sindicato docentes Conadu.

“Durante el primer semestre de 2016, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales mostraron niveles de ejecución sustantivamente por debajo de lo esperable”, explicó Gabriel Martínez, quien estuvo a cargo del informe sobre el presupuesto universitario. El economista advirtió también que el gasto realizado se concentró casi exclusivamente en el pago de salarios.
El estudio señala que de los 56 mil millones de pesos presupuestados en total para las universidades este año, al 20 de mayo pasado se habían ejecutado menos de 16 mil millones, el 28,9 por ciento del presupuesto anual. “Este nivel de ejecución se encuentra por debajo del nivel de ejecución general del sector público que es del 32 por ciento”, sostiene el informe.
Además, el dato toma otra dimensión cuando se explica que el presupuesto del que se habla se aprobó el año pasado, por lo que no se contempló la inflación y el tarifazo (que en algunos servicios públicos superó el 700 por ciento). Por esa razón, los rectores universitarios solicitaron un refuerzo de fondos. El Gobierno anunció a comienzos de mayo un extra de 500 millones, pero aún no lo distribuyó.
La comparación de este período del año en relación con el mismo del 2015 ilustra las diferencias. “El parate en la gestión se magnifica si observamos la cantidad y peso de las resoluciones firmadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de las cuales se autoriza la transferencia de recursos a las universidades.” En los primeros cuatro meses de este año, la SPU firmó solamente trece resoluciones, cuando en el mismo lapso del año anterior se habían firmado 268. Las resoluciones constituyen una autorización de gasto, que puede concretarse el mes que se firmó o los subsiguientes. “Por lo tanto, no significa en sí misma una transferencia efectiva de recursos; es probable que los recursos que hayan recibido las universidades sean menores aún a los informados”, alerta el informe.
En el caso de los diversos programas desarrollados por las universidades y sostenidos por el Estado nacional con financiamiento específico, la mayoría de ellos no recibió fondos en lo que va del año. El informe de Conadu detalle que son 59 los programas con 0 por ciento de ejecución presupuestaria, a 15 se les ejecutó menos del 20 por ciento y a 14 más de ese porcentaje. La decena de programas con la ejecución esperable a la fecha son los relacionados con la Conae y la Conea, los vinculados al Ministerio de Transporte, al INTA, la cartera de Agroindustria, Dirección de Vialidad, el Instituto Geográfico y el Enargas.
Si bien a través del decreto 336/2016 el Ejecutivo resolvió dejar sin efecto desde abril a los programas celebrados entre la administración pública nacional y las universidades u otras instituciones educativas, salvo los casos en que los ministros requiriesen lo contrario, el informe destaca que “esto no significa que las distintas entidades y jurisdicciones pierdan instantáneamente el crédito presupuestario que estaba asignado”.
“Venimos de una década donde el sector universitario público fue uno de los sectores priorizados por las políticas públicas. Ayudaron a eso leyes como la de Financiamiento Educativo y la de Educación Nacional, grandes avances. Es necesario asegurar su cumplimiento e iniciar un debate en el ámbito de la comunidad educativa, para reforzarlas con una nueva ley que asegure el financiamiento que la universidad pública requiere”, señaló el autor del estudio.
Federico Montero, dirigente de Conadu, dijo a Página/12 que “el tema del presupuesto va a ser determinante para el segundo semestre, porque no se resolvió ninguna cuestión de fondo”. Y apuntó a la cuestión salarial, que volverá a discutirse en septiembre, cuando se abra la instancia prevista en la paritaria para relevar la inflación: “Lamentablemente, la inflación está lejos de seguir los parámetros que el macrismo pautó; ni siquiera con sus índices hubo una recomposición salarial, si la tendencia sigue es probable que se reactive el conflicto”.

Informe: Gastón Godoy.

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LAS UNIVERSIDADES PIDEN UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DEL 63 POR CIENTO

Los rectores marcan la cancha

El Consejo Interuniversitario Nacional aprobó solicitar para 2017 un presupuesto de casi 85 mil millones de pesos para afrontar los aumentos salariales, ajustes de tarifas y la inflación. El Gobierno todavía no giró el refuerzo de fondos anunciado por Macri.

Todavía a la espera de los 500 millones de pesos que Mauricio Macri anunció hace dos meses para que las universidades pudieran afrontar la inflación y los aumentos de tarifas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya aprobó el monto que le requerirán al Gobierno para poder funcionar en 2017: asciende a casi 85 mil millones de pesos, es decir, un 63 por ciento de aumento respecto del presupuesto vigente.

“El CIN establece un presupuesto que se le plantea a la SPU y a Nación. Aunque todavía no se presentó oficialmente el monto, nosotros ya trabajamos con ese número, que supera los 80 mil millones”, explicó a Página/12 Guillermo Tamarit, presidente del consejo interuniversitario. “También pedimos un incremento en las partidas de los rubros salud, ciencia y técnica”, remarcó.
El plenario del CIN, que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales, realizó ayer una sesión plenaria en la Universidad de Tucumán, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia. Allí se discutió y aprobó la propuesta del proyecto de presupuesto para 2017: llega a 84.890 millones de pesos, un marcado incremento respecto de los 51,9 mil millones de este año, con el que los rectores aspiran a afrontar tanto los aumentos salariales acordados en paritarias con docentes y trabajadores no docentes, como los efectos de la inflación en los gastos de funcionamiento y los ajustes de tarifas.
La solicitud de los rectores se produce mientras las casas de estudios siguen aguardando el refuerzo presupuestario anunciado por el Presidente a comienzos de mayo, en medio de los reclamos académicos por la falta de recursos en las universidades.
Desde el CIN presentaron a mediados de mayo una propuesta de distribución de aquellos 500 millones que nunca llegaron: propusieron que 400 millones se repartieran a partir de las mismas pautas con que se reparte el presupuesto anual, y los 100 restantes se destinaran a las casas de estudio nuevas, las que tienen menos de diez años.
Pero en Educación no acordaron con ese criterio consensuado por unanimidad en el CIN. Los funcionarios pretenden repartir los fondos en base a las necesidades específicas de cada universidad, otorgando en cada caso un monto que permita cubrir el desfasaje presupuestario que generó el aumento de los servicios públicos. Tamarit aseguró que “en los próximos 15 o 20 días podrían otorgarse cien millones (el 20 por ciento) de lo que anunció Macri”.
Antes de tratar la cuestión presupuestaria, el plenario del CIN abrió sus deliberaciones en la Legislatura local con la presencia del gobernador Juan Manzur y del ministro de Educación, Esteban Bullrich. La rectora de la UNT, Alicia Bardón, abogó por “consolidar el compromiso con la defensa de una educación pública e inclusiva”; y Tamarit destacó al encuentro como la posibilidad de visibilizar lo que las universidades públicas hacen en todo el país: “Hay mucho por hacer, pero también hay mucho por reivindicar”, destacó.
Bullrich realizó una presentación del programa sobre compromiso social educativo que se presentará el 12 de julio próximo. “Las universidades tienen mucho que aportar para hacer del paso de la educación media a la universitaria un puente y no un callejón sin salida –dijo el ministro–. Los convocamos a definir el formato en que debe darse este diálogo: el proceso, las temáticas y los espacios.”
Además, el plenario del CIN firmó memorándums de entendimiento con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, la Academia Nacional de Educación y la Federación Universitaria Argentina, con el objetivo de colaborar en la organización de la tercera Conferencia Regional en Educación Superior (CRES) en 2018, como parte de las celebraciones del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba. La CRES es organizada por el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que pertenece a la Unesco. La primera conferencia se hizo en La Habana (Cuba) en 1998 y la segunda en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008. De la CRES participan delegados de todas las instituciones de educación superior de la región.

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