Burguesía Nacional

PRESENTACION DEL LIBRO SOBRE GANADORES Y PERDEDORES EN LA CUPULA EMPRESARIA

Radiografía de la burguesía

Los investigadores Schorr, Gaggero y Wainer presentaron el libro que retrata qué pasó con los principales conglomerados empresarios desde la salida de la convertibilidad y cuáles fueron las razones de los ascensos y descensos de esos holdings.

Por Javier Lewkowicz

Alejandro Gaggero, Andrés Wainer, Martín Schorr, Ana Castellani, Ricardo Aronskind y Alberto Bonnet.

¿Qué empresas ganaron más plata en la última década?, ¿a quiénes no les fue tan bien?, ¿cómo se para la academia frente a los nuevos grupos económicos que crecieron de la mano del kirchnerismo? ¿Qué dirigencia empresarial tenemos y en qué medida pueden impulsar el desarrollo económico nacional? Esos son algunos de los interrogantes que los economistas Martín Schorr, Alejandro Gaggero y Andrés Wainer intentan responder en su libro Restricción eterna: el poder económico durante el kirchnerismo. Días atrás, reunidos para la presentación de ese trabajo, Ricardo Aronskind, Ana Castellani y Alberto Bonnet, tres investigadores de las elites argentinas, protagonizaron junto a los autores un interesante y necesario debate sobre ese grupo social heterogéneo, contradictorio y fundamental como es la burguesía nacional. Página/12 asistió al encuentro y reproduce en esta nota algunos pasajes del libro y de la charla.

Los actores

El libro de Schorr, Gaggero y Wainer define conjuntos de ganadores y perdedores entre los conglomerados nacionales desde la salida de la convertibilidad. Dentro de los primeros, doce grupos empresarios aumentaron su participación dentro de la cúpula. Se trata de Urquía, Vicentín y Navilli (aceites y harinas), Mastellone (lácteos), Ledesma (azúcar y derivados), Arcor (golosinas y alimentos), Roggio (construcción y servicios públicos), BGH (electrodomésticos y electrónica de consumo), OSDE (medicina prepaga), Braun (actividades comerciales), Sadesa (productor de cueros) y Pescarmona (maquinarias y grandes obras de infraestructura). Techint, Clarín y Madanes (Aluar) mantuvieron su peso entre los grupos locales de la cúpula (las 200 firmas líderes), en el orden del 17 por ciento de las ventas de ese conjunto. En el caso de Techint, el estudio sólo abarca a las firmas nacionales del grupo; no toma en consideración su expansión en el exterior.
En cambio, hay 14 grupos que dejaron de tener presencia en la elite entre 2001 y 2012. En los casos de Fortabat, Bemberg, Acevedo, Peñaflor, Rohm, Garovaglio y Zorraquín, ese movimiento se explica porque vendieron sus empresas más importantes a capitales extranjeros, mientras que Macri, Cirigliano, Barracas, La Nación, Williner, Backchellian, Agrocom y Gualtieri perdieron posiciones en ventas. En los casos de los grupos Pérez Companc, Eurnekian, Sancor, Temis Lostaló y Roemmers se verifica una reducción en su participación en la cúpula.
En el costado opuesto aparecen los holdings que ingresaron en la cúpula empresarial en estos años. Figuran ODS de Calcaterra, Caputo, José Cartellone e IRSA (construcción privada y pública), Pampa Holding, Electroingeniería e Indalo de Cristóbal López (sector energético y espacios privilegiados de acumulación como concesiones de obras de infraestructura y juegos de azar), Bagó e Insud (sector farmacéutico). En 2012, estos conglomerados explicaban el 4 por ciento en la facturación global y del 18 por ciento de las ventas de la cúpula.

El debate

“Los grupos nacionales que mejoraron su desempeño son los que lograron una inserción internacional exitosa o los que se ampararon en la actividad estatal. ¿Cuán de nuevo es el modo de expansión y consolidación de esta nueva fracción de la burguesía nacional? Se percibe que hay una lógica de articulación con el Estado similar a experiencias anteriores. Y aparece la obra pública como gran articulador de ámbitos privados de acumulación”, planteó Ana Castellani, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
Bonnet, especialista de la Universidad de Quilmes (UNQ), advirtió que las comparaciones con el modelo coreano son muchas veces engañosas. “Habrá que discutir si es deseable ese esquema. Uno compra o deja de comprar el paquete entero. Ellos tuvieron industrialización con represión feroz en el marco de una dictadura. Es un modelo inaplicable aquí, pero además indeseable.”
Aronskind, investigador de la Universidad General Sarmiento (UNGS), subrayó que “no hay un trabajo definitivo que nos explique por qué ocurrió la venta masiva de empresas argentinas al capital extranjero. Eso nos permitiría comprender mejor a la burguesía nacional”. Advirtió, además, que “desarrollo con equidad es distinto del crecimiento con inclusión, que parece ser lo máximo que se puede alcanzar con esta burguesía”. Por otro lado, marcó que “de ninguna forma diría que estamos ante cambios cualitativos, pero tampoco que hay una continuidad lineal con los ’90 en términos de concentración y extranjerización de la economía. Al analizar los datos del trabajo, yo percibo quiebres de tendencias”, en una postura diferente de la de los autores.
En el plano de la inserción política del empresariado en el aparato estatal, Castellani advirtió fuertes diferencias con respecto a los ’90. “La exasperación y conflictividad del empresariado en estos años, especialmente en los últimos dos, expresa dificultades para la acción política preferida por ellos, que es el lobby. La simbiosis de décadas anteriores, en las cuales la elite empresaria era en realidad la misma que la estatal, hoy está quebrada. Entonces aparece como factor aglutinante ese ‘no pasarán’ que plantean los empresarios. No quieren que el Estado los discipline.”

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Cultura afroamericana y escuela

UNA GUIA BUSCA VISIBILIZAR EN LAS ESCUELAS A LOS AFROARGENTINOS

Para romper el estigma afro

La organización Afro Xangó y la Ctera presentaron una herramienta para que docentes primarios y secundarios puedan trabajar con los alumnos en la reivindicación de la cultura afro y generen contenidos positivos sobre su contribución a la sociedad argentina actual.

Carlos Alvarez, de Afro Xangó, y Eduardo López, de UTE-Ctera, participaron de la presentación.

“Esta guía es una reivindicación de la cultura africana para que, desde la escuela, se visibilice a los afroargentinos y se generen contenidos positivos sobre su aporte a la construcción del Estado nacional, la cultura y el lenguaje”, explicó a Página/12 Carlos Alvarez Nazareno, presidente de la organización Afro Xangó. La agrupación social, junto a la Confederación de los Trabajadores de la Educación Argentina (Ctera), elaboró la guía Afroargentin@s, destinada a docentes de nivel primario y secundario. El objetivo de esta herramienta es que las escuelas estatales y privadas de todo el país rompan con la estigmatización hacia la cultura africana y aporten una mirada positiva de sus contribuciones a la sociedad argentina actual.

Ayer por la tarde se realizó su presentación en el auditorio del edificio del gremio. Según Alvarez Nazareno, los contenidos educativos actuales muestran a los afrodescendientes “como sujetos del pasado con una mirada colonial, donde sólo eran aguateros o vendedores de empanadas. No se habla de que, por ejemplo, formamos parte de los batallones que lucharon con San Martín por la Independencia o de María Remedios del Valle, una luchadora afroargentina que ayudó al ejército de Manuel Belgrano”.
“Hay una fuerte influencia africana en la sociedad actual, hay que cambiar esa idea de que desapareció en la época colonial. En el lenguaje hay palabras como ‘chongo’, ‘quilombo’ o ‘mucama’, que provienen de la cultura africana. Lo mismo sucede en la música con el tango, el malambo o la chacarera. Las murgas nacieron como danzas de los blancos que se burlaban de las africanas. Sería sumamente rico mostrar de manera positiva estas asociaciones directas”, detalló Alvarez.
Además, consideró que en Argentina “el concepto de negro se toma de manera peyorativa, como algo malo”. En este sentido, explicó que era necesaria una herramienta que “sirva como guía para abordar estos temas, rescatando los principales referentes afroargentinos que han sido invisibilizados por la cultura blanca”.
La guía Afroargentin@s presenta material histórico, geográfico y cultural y propuestas educativas, para que los docentes de nivel primario y secundario trabajen en aulas de todo el país, desde un abordaje en temas actuales como la discriminación, la xenofobia y el racismo. En el armado del proyecto participaron docentes y estudiantes del profesorado de la escuela Mariano Acosta durante dos años.
“La escuela es una herramienta que puede servir para producir y reproducir el respeto a la diversidad. Esta guía es un aporte para visibilizar y reivindicar la cultura africana porque todos tenemos el mismo derecho a ser diferentes. Las diferencias no son problemas, son riquezas”, comentó a este diario Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera).
López señaló que “toda pedagogía es política, es un terreno en disputa permanente. Uno busca que la escuela difunda igualdad, no racismo y discriminación. Por eso, el objetivo de esta guía es dar un debate para cambiar la historia y que sea de todos”.
Desde el 24 de abril de 2013, la Ley nacional 26.852 insta al Ministerio de Educación de la Nación a incluir en la currícula educativa la perspectiva étnico-racial. “Esta guía es muy completa y didáctica, y sirve para abordar esta temática. Esperamos que el Ministerio de Educación absorba estos contenidos para incluirlos en la currícula escolar”, sostuvo el presidente de Afro Xangó.
En el 2010, el Censo Nacional de Población incluyó por primera vez en 120 años la posibilidad de autorreconocerse como afrodescendientes. Los datos indicaron que 149.493 personas se autodefinieron afrodescendientes. El 92 por ciento de ellos son argentinos.
“Estos datos nos hacen visibles, la sociedad cree que en nuestro país no hay negros, que los que uno ve son extranjeros, por eso es bueno que se sepa y se reconozca que Argentina tiene una población afroargentina, y qué mejor que empezar por la escuela”, manifestó Alvarez Nazareno.
“Hoy los niños afrodescendientes desarrollan una baja autoestima porque no encuentran una referencia positiva respecto de la cultura afro”, afirmó el activista. “La escuela es el primer espacio de integración a la sociedad y si los docentes te muestran sólo que tus ancestros eran esclavizados, siempre sirviendo al amo blanco, es muy difícil que algún niño afroargentino se sienta orgulloso de eso y construyan una identidad positiva”, agregó.
Informe: Gonzalo Olaberría.

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Chantal Mouffe

CHARLA DE CHANTAL MOUFFE SOBRE POLITICA, AGONISMO Y ARTE EN LA UNIVERSIDAD ARTURO JAURETCHE

“La sociedad siempre tiene antagonismo”

La filósofa belga participó de una mesa de diálogo con Mocca, Rinesi y otros intelectuales locales. Desarrolló su idea sobre los antagonismos y su resolución en democracia. Además, reivindicó al arte como transformador del sentido común.

Chantal Mouffe estaba casada con el filósofo argentino Ernesto Laclau, fallecido en abril de este año.

La filósofa belga Chantal Mouffe está en Buenos Aires, donde ayer, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, dio una suerte de reportaje público en una mesa de diálogo con el politólogo Edgardo Mocca y otros intelectuales locales. Estudiosa de los nuevos modelos de democracia, habló de política y agonismo y reivindicó el papel del arte –especialmente del activismo que utiliza prácticas artísticas– en la lucha por la hegemonía.

Mouffe hizo esta visita al país –al que muchas veces había venido acompañando a quien fue su marido, el argentino Ernesto Laclau– invitada por la UNAJ. Laclau llegó a dar clases en esta universidad que tiene sólo cuatro años de historia, y poco antes de morir había sido nombrado director de su Instituto de Política. La UNAJ quedó así vinculada con Mouffe, que aceptó dar en sus aulas un curso de una semana. Ubicada en Florencio Varela, la UNAJ fue creada en el 2011, como parte del proceso de apertura de nuevas universidades que tienen como alumnos mayoritariamente a jóvenes de sectores populares.
El rector Ernesto Villanueva cuenta que en el primer año de funcionamiento, el 97 por ciento de los incriptos eran los primeros de sus familias en llegar a la universidad. El porcentaje sigue hoy en un 90 por ciento, es decir, está apenas matizado por algunos estudiantes de clase media. La UNAJ integra la red de universidades nacionales del conurbano.
La mesa de anoche fue el cierre de un taller que Mouffe dictó para una treintena de profesores y alumnos avanzados. La especialista compartió el panel con Eduardo Rinesi y José Fernández Vega (filósofos), Mocca y el rector Villanueva, que comentaron su obra y le hicieron preguntas.
Mouffe empezó por explicar su idea de democracia agonista, como parte de una teoría que pone el acento en el carácter conflictual propio de toda sociedad. “La sociedad siempre tiene antagonismo”, señaló en el panel. “Existe una negatividad radical, que no puede ser superada. Una vez que uno parte esa perspectiva, la cuestión es cómo uno se va a manejar con el conflicto. Yo digo que la política democrática tiene que reconocer ese carácter irreductible del antagonismo, pero no puede darle la posibilidad de que se exprese en términos de amigo-enemigo, porque eso llevaría a una guerra civil. Para que haya una política democrática es necesario que se reconozca ese antagonismo, pero pensando al otro no como un enemigo a eliminar, sino como un adversario legítimo”, planteó. En ese marco, “la lucha agonística va a consistir en buscar una conversión en la subjetividad del adversario, lograr que se identifique con la visión del mundo que uno propone. No se trata de destruir al oponente, sino de ganarlo para el propio proyecto”.
Mocca hizo un cruce entre agonismo y kirchnerismo y apuntó que nunca como en los últimos diez años “se politizaron y expresaron como conflicto político temas que eran patrimonio de los expertos”. Puso en la lista la concentración de los medios de comunicación, la independencia del Banco Central y el sistema jubilatorio. “Gracias a la existencia de 30 años de democracia, o gracias a que en el 2003 teníamos 20 años y ahora tenemos 30 años de rutinas democráticas, pudimos no solamente darle espacio al funcionamiento pacífico y democrático de los antagonismos, sino permitir que el antagonismo se despliegue en toda su intensidad. En la Argentina moderna nunca ha habido un proceso de instalación tan radical y tan intenso del antagonismo político.”
Con los panelistas Fernández Vega y Rinesi, Mouffe habló de arte y política. Contó que le interesa especialmente pensar el papel del “artivismo” (combinación de arte y activismo que tiene entre los ejemplos argentinos al Grupo de Arte Callejero o el colectivo Etcétera). Poniendo como caso a los norteamericanos Yes Men, que haciéndose pasar por portavoces de corporaciones o funcionarios satirizan al sistema, Mouffe defendió el rol del “artivismo” en la lucha por la hegemonía.
“Tiene un papel fundamental para transformar el llamado sentido común”, apuntó la filósofa, quien le dedicó al tema un capítulo de su último libro porque quería “afirmar su importancia”. “No me gusta la distinción que surge al hablar de arte político, porque no existe un arte que no sea político”, aclaró sobre el punto. “Todo arte tiene una dimensión política, porque reproduce la hegemonía existente o la pone en cuestión. Me gusta hablar, en lugar de arte político, de prácticas artísticas críticas.”
Mouffe también defendió la lucha en el campo tradicional del arte. “Creo que los museos, las instituciones, pueden jugar un papel importante en la construcción de subjetividad.” En ese sentido, llamó a tener una mirada flexible y a la vez atenta: “No creo que participar en una bienal signifique ser cooptado”, sostuvo. Para advertir que las expresiones artísticas “más transgresoras”, en cambio, son generalmente las que el capitalismo toma de manera inmediata, neutralizándolas. “El arte tiene un lugar fundamental en la manera como nosotros vemos al mundo. Esto se forma por las películas que hemos visto, por los libros que hemos leído. Hay que tener una multiplicidad de estrategias, es importante pensar en intervenir en el campo del arte público, pero también en el de las instituciones”, señaló.

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Jardines comunitarios bonaerenses

Los jardines comunitarios bonaerenses defienden la norma que los reconoce

“Cubrimos una falta grande”

La versión de que por una flamante ley se nombrarán docentes sin título en las escuelas generó una nueva polémica. La diputada que la impulsó explicó que esa interpretación es falsa. El gobierno de Scioli anunció que vetará la norma. Las organizaciones la defienden.

La ley incorpora a estos centros comunitarios para darles capacitación y supervisión continua.

Desde hace décadas son “educadores comunitarios”: cientos de trabajadores que se formaron en el seno de las organizaciones barriales en los años ’80 y ’90, cuando el Estado dejó de ser garante de la educación pública y tuvieron que salir a cumplir esa función en los barrios del conurbano bonaerense. Ahora, la Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria, aprobada la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, viene a llenar el vacío legal en el que funcionaban esos trabajadores. Pero ayer se convirtieron en “maestros truchos” o “militantes”. Es que otra vez una polémica sobre un tema educativo se instaló en los medios a partir de una información descontextualizada: se aseguró que por la norma “nombrarán maestros sin título en jardines maternales y jardines”. Y desde el propio gobierno provincial adelantaron que habrá un veto total o parcial a la ley.

Los educadores comunitarios dependen de las 1600 Unidades de Desarrollo Infantil del Ministerio de Desarrollo Social y en algunos casos de la Dirección Provincial de Gestión Privada. “Fuimos los hombres y mujeres de esta provincia que nos hicimos cargo de nuestra propia educación para ayudar a los chicos a llegar a la primaria con más herramientas, porque no había jardines de infantes en nuestros barrios. Hoy seguimos cubriendo la ausencia de jardines maternales”, dijo Beba Raymundo, coordinadora de la Red (de Jardines Maternales Comunitarios) de La Matanza.
La ley que la diputada bonaerense Alicia Sánchez (FpV) impulsó en la Legislatura incorpora a estos centros comunitarios al sistema de enseñanza, con el fin de darles capacitación y supervisión continua. La polémica se originó porque se sostuvo que se nombrarán maestros sin título.
“Falso. No sólo es mentira, sino que el mensaje es cruel para nosotros, que estamos orgullosos de nuestros centros comunitarios, porque son lugares nacidos de la necesidad y construidos con dignidad”, señaló Raymundo, que fundó en el ’86 el Jardín Maternal El Colmenar, dentro del colegio Lasalle, en González Catán, para que los padres pudieran dejar a los chicos de 0 a 5 años bien cuidados.
Ayer, el subsecretario de Educación bonaerense, Néstor Ribet, dijo que el gobierno bonaerense vetará la ley, ya que entiende que “para estar al frente de alumnos hay que tener formación pedagógica”. Ribet dijo que “hoy en la provincia hay alrededor de 200 jardines de infantes ‘comunitarios’, algunos con sala maternal y otros de nivel inicial, con 1200 docentes que forman parte del sistema de gestión estatal porque se adecuaron a la normativa”.
La Ley de Educación nacional de 2005, impulsada por el ex ministro del kirchnerismo Daniel Filmus, estableció que “el Sistema Educativo lo integran los servicios de gestión estatal y privada y de gestión cooperativa y social”. Pueden prestarlos la Iglesia y las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones, empresas y las personas físicas, todos en el mismo derecho, rango y nivel, hasta para emitir títulos con validez nacional.
La diputada Sánchez aseguró que la norma “es algo bueno y superador, porque queremos más educación. Es una falacia decir que a los militantes sociales se les va a otorgar un título de maestro”, recalcó. “En ningún momento dice (la ley) que hay que darles un título docente. No es que hay que abrir jardines de infantes y que no haya docentes”, afirmó la legisladora, quien explicó que la norma es “para instituciones educativas comunitarias que existen en el territorio bonaerense desde hace treinta años”. Al respecto, detalló que en estos lugares “se alberga a 70 mil niños bonaerenses en 1800 instituciones educativas”. “Más del 50 por ciento de las educadoras que trabajan en estas instituciones tienen título de docente, pero trabajan en forma no registrada”, expresó.
Beba Raymundo contó que “nuestros catorce centros comunitarios tienen hoy convenio con la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada y los educadores comunitarios reciben su sueldo en el marco de ese acuerdo”. La ley que los incorpora al sistema les traería más soluciones, como la que obtuvieron al recibir el CUE, un código que los centros comunitarios tienen para poder acreditar la asignaciones familiares, lo que los reconoce como establecimientos educativos.
Para Ana Gravina, coordinadora de la Red El Encuentro, que integran otros 16 centros comunitarios de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y General Sarmiento, “no buscamos convertirnos en una escuela. No fuimos nunca a pedir nada a nadie ni pretendemos ser lo que no somos. Sólo nacimos de la necesidad y cubrimos una falta grande. Para eso tuvimos que trabajar y mucho y hoy tenemos nuestros maestros, que estudiaron para ser maestros y que incluso fueron alumnos nuestros”, explicó Gravina.
La coordinadora de El Encuentro contó que la necesidad los obligó a formarse, por la presión de los mismos padres que pedían que el centro comunitario del barrio les diera un espacio para que los chicos pudieran educarse, ya que el jardín más cercano estaba a 30 cuadras. Hoy atienden, a contraturno, a chicos de 6 a 14 y de 14 a 18 años, además de los Jardines Maternales y de Infantes, que son las únicas alternativas gratuitas en la zona.
“El año pasado nos llamaron maestros truchos. Y nos vimos enfrentados a los maestros jardineros de San Miguel porque alguien les dijo que nosotros íbamos a quitarles el trabajo. Ridículo y perverso. Ahora dicen que queremos ser docentes sin título. ¿Desde cuándo?”, se preguntó. Gravina dijo que “los centros comunitarios tienen una función social muy importante y no buscan reemplazar a la escuela. “Sólo buscamos complementarla y para eso existimos”, concluyó.

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Ley sobre nivel inicial comunitario en Provincia de Buenos Aires

Qué dice la ley del nuevo nivel inicial comunitario

Los principales puntos de la norma provincial que crea jardines de infantes para niños de 45 días a 5 años y que son administrados por organizaciones comunitarias, sociales y políticas

 polémica por la calidad de la educación, que la semana pasada abrió un debate por laeliminación de los aplazos en la escuela primaria, sumó otro capítulo en las últimas horas. La provincia ahora aprobó la incorporación de los jardines maternales de organizaciones sociales al sistema oficial, que acepta que personas sin formación estén al frente de las salas.

A continuación, los principales puntos de la normativa:

ESTATUTO DOCENTE

Según el Art. 5° de la flamante ley "son educadores comunitarios de nivel inicial aquellos que impartan educación en el marco de las instituciones comunitarias de nivel inicial". Y según el Art. 7°, "el régimen laboral de educadores comunitarios de nivel inicial se regirá, en lo pertinente, por las normas que a tal efecto establece la ley N° 10.579, Estatuto del Docente, y sus modificatorias".

AHORA, SIN TÍTULO DOCENTE

Según el Art. 11°, "en los casos en que las instituciones comunitarias de nivel inicial, que brinden educación y cuidado a alumnos de cuatro y cinco años de edad, contaren con educadores comunitarios de nivel inicial sin título docente, la Dirección General de Cultura y Educaciónpromoverá las medidas conducentes para que obtengan titulación correspondiente, para lo cual valorará especialmente la experiencia, validación y capacitación de los educadores comunitarios".

A FUTURO, CON TÍTULO

Según el Art. 12° de la nueva norma, "las instituciones comunitarias de nivel inicial que se crearen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley deberán contar con educadores comunitarios con título docente para atender esa matrícula. Idéntica disposición se aplicará a las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial existentes, que con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley comiencen a brindar educación y cuidado a alumnos.

Militantes sociales serán admitidos como maestros en la Provincia de Buenos Aires

Militantes sociales serán admitidos como maestros

Por Luciana Vázquez  | Para LA NACION

Pocos días de la polémica por los cambios en los sistemas de calificación y promoción en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, otra alarma educativa acaba de saltar. Una ley provincial aprobada el miércoles pasado permite que militantes sociales al frente de grupos de chicos de 4 y 5 años, sin formación pedagógica oficial ni título regular alguno, se conviertan en docentes con todos los derechos y obligaciones de la ley 10.579 del Estatuto Docente provincial.

Se trata de la Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria al Sistema de Educación Formal (proyecto D79413-14), una iniciativa de la diputada kirchnerista Alicia Sánchez, esposa del dirigente piquetero Luis D'Elía, que en 15 artículos tira abajo uno de los pilares básicos de la profesión docente: la existencia de títulos oficiales y trayectorias educativas que acrediten la existencia probada de conocimientos.

La ley beneficia a la militancia social de centros comunitarios que colaboran con el cuidado de chicos vulnerables de entre 45 días y 5 años. El objetivo de la norma, que todavía no fue promulgada, insiste en la línea argumental de la "inclusión", con la cual también se justificaron los cambios conocidos la semana pasada.

Normativa. Qué dice la ley del nuevo nivel inicial comunitario

El artículo 4 de la norma desarrolla los objetivos "inclusivos" respecto de los centros comunitarios, que hoy llegan a unos 350 y atienden a decenas de miles de chicos. Que den "respuestas colectivas a las necesidades educativas insatisfechas y se orienten hacia un objetivo transformador de las realidad circundante", "promuevan la inclusión social" y "propicien la praxis horizontal".

Esos centros comunitarios, con capacidad organizativa muy dispar, improvisados por la militancia social para colaborar con las familias, alcanzarán la jerarquía de "escuelas de nivel inicial" y pertenecerán al sistema de educación formal como cualquier otra institución educativa.

La regulación para las "escuelas comunitarias" en marcha presenta diferencias con las que se vayan a crear en el futuro o con la de las salas de 4 y 5 que se incorporen a las escuelas existentes a partir de la entrada en vigor de la ley. En las futuras nuevas escuelas, sólo docentes titulados podrán hacerse cargo de los chicos de 4 y 5 años. Sin embargo, la laxitud en la exigencia del título docente se mantiene para quienes ya están al frente de chicos de 45 días a 3 años.

Aun en los aspectos pedagógicos, la ley sigue privilegiando la dimensión comunitaria y social, tal como queda claro en su artículo 4, en el que se alientan, por ejemplo, "prácticas pedagógicas" que respeten "las particularidades de la comunidad de origen" y nada se dice de estándares de calidad o de objetivos educativos.

El verdadero espíritu de la nueva ley surge más claro todavía del debate parlamentario que se dio en la Cámara de Diputados en junio del año pasado, cuando la norma obtuvo su media sanción.

"Es objeto de este proyecto reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas con el único objetivo de promover la inclusión social a través de la educación", sostenía entonces la diputada Sánchez, según surge de las versiones taquigráficas de aquella sesión. Valoraba entonces el aporte de "la comunidad organizada".

Por su lado, el presidente del bloque del Frente Para la Victoria (FPV), Fernando "Chino" Navarro, destacó el aporte de los "militantes, hombres y mujeres, que tuvieron que afrontar una responsabilidad que quizá nunca buscaron en un momento crítico cuando el Estado estaba en retroceso".

El motivo de alarma no reside sólo en el contenido de la ley, sino en el marco de su aprobación. En Diputados, la Unión Cívica Radical (UCR) prefirió abstenerse, dado que, según sostuvo el diputado Jorge Silvestre, reconocía el "fracaso del Estado en el cumplimiento de una de sus tantas tareas", pero comprometió su apoyo en senadores con la condición de que se dieran "garantías de profesionalismo y calidad educativa". Pese a que el texto del proyecto no se tocó en ese sentido en la Cámara alta provincial, la semana pasada la UCR finalmente votó en favor de la sanción de la nueva ley. En diálogo con la nacion, Silvestre manifestó no estar al tanto de la aprobación de la ley por parte de los senadores ni de si se habían introducido cambios.

Pero la UCR no fue el único partido de la oposición que votó en favor. De hecho todos los partidos excepto uno acompañaron el proyecto. Por la sanción de la ley votaron los monobloques de Unión Pro Peronista, GEN, PJ Néstor Kirchner y Nuevo Encuentro. El Frente Renovador, en cambio, fue el único bloque que votó en contra de la ley en el Senado.

"Hay dos maneras de oponerse a un proyecto de ley: abstenerse o votar en contra. Nos abstuvimos en Diputados y votamos en contra en Senadores", explicó a la nacion el presidente del bloque del Frente Renovador, Jorge Sarghini. "Con esta medida corremos a la escuela y al docente de los lugares más vulnerables, dejando la educación inicial en manos de organizaciones que muchas veces practican el clientelismo político", agregó el diputado massista Ricardo Jano.

Los antecedentes legales en los que se basa la ley, enumerados por Sánchez durante el debate en Diputados, confirman que la lógica que separa lo inseparable, la inclusión por un lado y la calidad educativa por el otro, funciona como una matriz ideológica que atraviesa los partidos políticos. Ya desde 2007 resoluciones del Consejo Federal de Educación invitaban a la institucionalización de estas soluciones precarias y de emergencia.

A pesar del consenso argumental, algunas contradicciones en el tratamiento de la ley hacen prever novedades en los veinte días hábiles que aún correrán hasta la promulgación de la norma. El massismo pedirá el veto del gobernador Daniel Scioli y argumentará que, a pesar del ímpetu con que el kirchnerismo avanzó en la Legislatura provincial, la Dirección General de Cultura y Educación recomendó rechazar la norma porque ya la ley 13.688 y otras resoluciones contemplan la regulación de estas instituciones.

Trabajo Práctico #1

Trabajo Práctico #1

Fecha de entrega:  Miércoles 1 de octubre de 2014

Subirlo al Campus del Instituto J.A. Comenio de la asignatura Política Educativa en el lugar destinado para el TP#1

Consigna

Analizar el artículo de Domingo Faustino Sarmiento, “Cuestiones incendiarias en el congreso pedagógico”, donde critica las posiciones a favor de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

El artículo esta subido al foro de la asignatura Política Educativa del Campus Virtual del Instituto J.A. Comenio.

1. Con las descripciones de las estructuras ideológicas y de significado según Van Dijk.
2. Aplicar las categorías de coyuntura, las relaciones de poder y práctica política según Poulantzas.

Opinólogos y expertos sobre cambios en educación en la Provincia de Buenos Aires

Sobre la televisión

Por Florencia Saintout *

Durante estos días, y a partir de una medida tomada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires acerca de los sistemas de promoción escolar, asistimos a un extravagante debate en la televisión que con la excusa de hablar de educación actualizó miradas reaccionarias siempre dispuestas a golpear bajo.
Está muy bien que se piense la educación en ámbitos que no se restringen a lo académico, pero de golpe todos los medios se llenaron de discursos alarmistas y alarmados sobre el “exceso de los derechos de los niños”, la “falta de autoridad”, “el libertinaje”. Y esto en el marco de una plataforma de interpretación basada en la verdad asumida de que la educación está en decadencia y que la calidad se ha perdido.
Entonces, como realmente siempre es necesario un debate ampliado sobre el sistema educativo (no todos los países ni siquiera aquellos que para muchos son modelos a seguir debaten la educación masivamente), tal vez sea necesario puntear algunos elementos para hacer más honesto el análisis, en un listado seguramente abierto e incompleto.
1) La gente opina. En el campo de la sociología existe un texto ya clásico que se llama La opinión pública no existe, de Pierre Bourdieu. Allí el sociólogo explica cómo es que lo que se llama opinión pública no es una verdad por fuera de la historia sino que es inventada. Que es un artefacto. No es que dice que los sujetos no tienen opinión, o que sus opiniones son falsas o mentirosas, sino que afirma que son creadas en procesos de luchas por el sentido. Y en esas luchas no todos tienen el mismo poder ni sus voces se escuchan de igual modo.
Los medios de comunicación tienen posiciones privilegiadas respecto de muchos otros actores. Ocupan un lugar central en las capacidades de modelar el sentido común, especialmente sus opinadores dominantes. Incluso hablan en nombre de “la gente” (no solamente sin ser votados por los ciudadanos, es decir, sin mediar sistema de representación alguno, sino que tampoco apelan a ningún estudio sociológico o fuente que pueda dar cuenta de lo que según ellos “dice la gente”).
Hemos visto en estos días cómo a propósito de una medida en particular sobre la educación despliegan una batería de opiniones, que son dichas con estatuto de verdad, sobre la decadencia del sistema educativo en general. Aprovechan una medida (más o menos feliz, pero imposible de evaluar en la plataforma de discusión que ellos plantean) para sostener afirmaciones tales como que la calidad de la educación en la Argentina es pobre y que los gobiernos hacen todo lo posible para bajar lo que llaman el nivel. Sin contextos, sin develaciones respecto de qué es lo que entienden por calidad (la calidad es una categoría clasificatoria: depende de quién es el clasificador y de qué ideales sostiene para ubicarla en un lugar o en otro); sin más datos que los de las pruebas estandarizadas en el mejor de los casos (en el peor sin ellas incluso), llegan a conclusiones de que, en un proceso casi mágico, coinciden con las de un público cuyos mensajes seleccionan y que además han contribuido a formar.
Discutir sobre calidad educativa no sólo es deseable, sino que es necesario. Pero esto no puede hacerse de una manera tan banal como lo hacen los animadores de la televisión.
Y es verdad que la educación no es sólo una cuestión de especialistas, sino un debate que debe darse toda la sociedad, pero es falso que cuando los medios discuten están discutiendo todos. La democracia del rating no es democracia: es puro mercado.
2) La medida. Volviendo a la excusa de esta semana, la medida de calificación y promoción de materias que acredite recorridos no puede ser analizada en sí misma, ni sin poner en relación ciertos elementos. La acreditación va ligada a la evaluación, y la evaluación a todo el proceso pedagógico que a su vez se inscribe siempre en un proyecto ético/político. No es un punto que se agregue al final, desprendido del resto, sino que por lo contrario depende de posiciones epistemológicas, políticas, éticas y estéticas que hacen de todo el proceso una totalidad. Pero los medios no sólo descontextualizaron y aislaron la información (fieles a sus claves de lecturas de siempre), sino que algunos periodistas tuvieron el descaro de afirmar que ni siquiera conocían de qué se trataba el asunto, sin privarse por eso de condenar la medida.
Estando o no de acuerdo con la nueva propuesta educativa, es interesante la ocasión para reflexionar y demandar una vez más la necesaria responsabilidad social de los medios y comunicadores a la hora de la búsqueda de la información. El periodismo no puede ser la mera correa de transmisión de los partes oficiales o empresariales, o de los tuiteros u oyentes (categoría siempre interesada) que previa selección son tomados como verdad del asunto. El periodismo tiene que investigar, buscar, formarse para entender, escuchar y, finalmente, comprender complejamente para comunicar.
3) Los expertos. Otro punto del asunto lo constituyen los expertos. Hemos visto que junto a los opinólogos y su capacidad minuto a minuto de pescar en las redes aquello que reafirma sus posiciones, también están los expertos. No son ni los legisladores ni los intérpretes, sino los especialistas, en este caso en educación, que aparecen en la televisión para decir ¡exactamente lo mismo que ya ha afirmado el animador/comunicador! En un lenguaje semejante pero con un leve plus de traducción, sus palabras se parecen tanto que lo que distingue a uno de otro es el lugar de enunciación ordenado por la estrategia televisiva. El experto, como aquel que se supone neutral, poseedor de un saber disponible para cualquier poder, porque el poder no es lo suyo. Sacrificando la traducción (que siempre trae un plus de riqueza) y acomodándose a otra lengua que habla por él. Porque de lo que se trata es de que siga hablando la empresa periodística que el experto sólo ayuda a ilustrar.
4) Finalmente, otra vez la calidad. En estos días vemos cómo, ante la menor chispa, brotan por todos lados posiciones que demandan autoritarismo y regresión sobre medidas que han democratizado la vida común. Cómo los heraldos negros de la derecha se mandan anuncios. Se habla de seguridad y se afirma que unos no tienen derecho a la vida. Se habla de trabajo y se dice que basta ya con la AUH. Se habla de hábitat y se dice que hay que deportar migrantes. Se habla de buitres y se dice que nos tienen que devorar.
Cuando se habla de educación se dice que nada alcanza porque bajó la calidad.
Esta es una idea de la que es necesario sospechar. Y no diciendo que todo está bien, sino problematizándola con hechos muy concretos y con ideas muy concretas.
¿De qué calidad están hablando? Apelarán a las pruebas PISA (a las que el gobierno de Argentina no les huyó). En tal caso, es interesante conocer el documento del Grupo de Trabajo de Clacso sobre Políticas Educativas y Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que reunido el 11 y 12 de agosto en Salvador de Bahía analizó, y se pronunció, especialmente estas pruebas.
Allí se habla de un debate que no se da en la televisión y que tiene que ver con qué modelos de evaluación queremos de acuerdo a qué modelos de educación queremos: si una educación para pocos desde una perspectiva tecnócrata o una educación cuya calidad se juegue en la capacidad de formar sujetos para la emancipación y la democracia.
Si esta última es la opción hay que recordar algunas datos que no son relatos: entre los años 2003 y 2014 se construyeron 1742 escuelas (entre 1989 y 1999 se habían construido 7 y entre 2000 y 2002 ninguna). O el dato de los 6,5 del PBI destinados a educación. O los más de 100.000 niños que volvieron a la escuela y los 400.000 compatriotas que egresaron del Fines.
Calidad educativa es también pensar matemáticas para hacer satélites y biología para devolver identidades. Química para hacer medicamentos para los que no los tienen. Sociales para saber de los nos/otros, con los que compartimos el mundo. Ciencia para imaginar.
Calidad educativa es que los niños y los adolescentes sepan que existen todos y todas. Que hay derechos para pelear y defender. Que los genocidas están presos cuando ellos están en el aula y que Estela recuperó a su nieto no por suerte ni magia, sino por luchar. Y que al que viene más lento hay que acompañarlo, para llegar juntos, a tiempo.
Esos debates también deberían estar en la televisión.
* Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

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Mocase y ejemplo de fracción de clase con conciencia de clase social

Américo Argibay empresario maderero amenaza de muerte a campesinos

 (AW) El empresario maderero y ganadero, Américo Argentino Argibay, amenazo de muerte a campesinos del Mocase y disparó su revólver para asustarlos, el empresario es dueño de más de 40000 hectáreas y su furia nace de la denuncia que le realizan los campesinos por 5000 mts de leña cortada ilegalmente.

Nueva amenaza de muerte contra miembros del MOCASE

El pasado 12 de setiembre, miembros del MOCASE fueron amenazados de muerte por el empresario forestal ganadero Américo Argentino Argibay quien, en sintonía con la derecha nacional, llama a la desestabilización de la democracia.

Las Comunidades de San Martín, San Cristóbal, Las Tabianitas, San Eduardo, San José, Santa Rita, Mayuska, Staile, lote 105 y otras alrededor de Yuchan, Las Tinajas Dto J.F. Ibarra, 200 km al este de la Capital de Sgo de Estero - Argentina, siguen defendiendo su territorio comunitario que el empresario Argibay y Jorge Cura vienen desmontando y alambrando ilegalmente.

Las denuncias, han sido permanentemente puestas en conocimiento por parte de las familias del MOCASE, en Juzgado de 5ta Nominación, la Dirección de Bosque y el Comité de Emergencia quienes el pasado 12 de septiembre realizaron la constatación de las denuncias contra Américo Argentino Argibay “Raco”, el cual tenía 5000 metros de leña cortada de manera ilegal de 1800 has de monte nativo, que robó del territorio campesino.

Sin embargo, el empresario furioso, alarde y amenaza de matar a los del mocase con las armas que tienen ellos (en alusión a otros empresarios) y sin dudar ante los funcionarios y la cámara de filmar realiza un tiro al aire con un revólver..

Argibay es un empresario forestal-ganadero que con el tiempo se fue haciendo de mas de 40mil has, junto a Jorge cura que ostenta otras 150mil has. Ambos empresarios tienen practicas feudales para con los hacheros, quienes viven en condiciones inhumana y siendo algunos de ellos menores de edad.

 “Raco” Argibay, es además, delegado del Ministerio de Producción- Luis “Parano” Gelid, quien le entregó herramientas y financiamiento para construcción de depósitos de agua en la zona.

 Jorge Cura, tiene un historial de impunidad. Acaparó tierras fiscales, presuntas compras de posesiones y cuenta aproximadamente con 150mil has e historias de desalojos de más de 100 familias, topadoras que arrasaron los ranchos de ancianos, matanza de cabras, quemazón de vacas de las familias que se oponían o rebelaban a las ordenes del feudal , que aún sigue pagando con vales el trabajo de los hacheros para que cambien por mercadería en el almacén que tiene en Las Tinajas.

Exigimos al Juez Alarcón la inmediata detención de “Raco” Argibay porque representa un peligro para la vida de las familias campesinas.

Que la Jueza Rosa Falco actúen inmediatamente ante las denuncias por usurpación de tierras que radicaron las familias campesinas indígenas.

Exigimos al ministerio de Producción que le retiren las herramientas y la representatividad del gobierno en la zona. Solicitamos que intervenga la secretaria de DDHH de la Nación, organismos nacionales, como veedores de esta situación insostenible para quienes venimos siendo objeto de violación permanente de nuestros derechos humanos.

No queremos otro Cristian Ferreyra, otro Miguel Galván, otra Sandra Juárez, a un mes del juicio de Cristian Ferreyra, ni un muerto más por el derecho a la tierra.

Ejemplo de límite entre clase social y fracción de clase

egún el Indec, el 33,1 por ciento de los trabajadores está en negro

El mapa de la informalidad

La cifra marca una suba de tres décimas respecto del primer trimestre, pero una baja de seis décimas en la comparación interanual. En el Noroeste llega al 41,5 por ciento, mientras que en la Patagonia es de 19,1 por ciento.

Por Federico Kucher

El empleo en negro se ubicó en 32,6 por ciento en el área metropolitana de Buenos Aires.

Los trabajadores en negro alcanzaron al 33,1 por ciento de los asalariados en el segundo trimestre de 2014, cuando eran del 32,8 por ciento en el primer trimestre de este año y del 34,5 por ciento en el mismo período del año pasado. Así lo informó ayer el Indec. Las provincias del Norte registraron la mayor cantidad de ocupados sin descuento jubilatorio, mientras que las localidades de la Patagonia anotaron los niveles más moderados de informalidad. El Gobierno implementó a mediados de este año una normativa a través del Congreso para potenciar la registración de personal en las pymes, desincentivar con multas monetarias a las empresas que mantienen empleados en situación irregular y aumentar la capacidad de inspección del Estado en los establecimiento productivos. La iniciativa contempló reducir la tasa de informalidad hasta el 28 por ciento en los próximos dos años.

La informalidad laboral se ubicó en el 33,1 por ciento para el promedio de los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec. En el detalle por regiones geográficas, se precisó que el empleo en negro se ubicó en 32,6 por ciento para el área metropolitana, donde habita más de la tercera parte de la población del país; en 32,6 por ciento, para Cuyo; en 35,2 por ciento, para el Nordeste; en 41,5, para el Noroeste; en 32,2, para la zona pampeana; y en 19,1, para la Patagonia. Las localidades con la tasa más elevada de trabajadores no registrados fueron Gran Tucumán, con el 45,5 por ciento, y Salta, con el 46,0 por ciento, mientras que las de mejor performance fueron Río Gallegos, con el 12,5 por ciento, y Ushuaia, con el 8,7 por ciento.
A partir de 2003, la fase expansiva del ciclo económico permitió la creación de seis millones de puestos de trabajo, lo cual implicó un retroceso del 25 al 7 por ciento en la tasa de desocupación, y del 49,6 al 33,1 por ciento en la de informalidad. A pesar de este desempeño, las cifras de ocupados sin aportes jubilatorios continúan en niveles elevados, por lo que el Gobierno lanzó a mediados de este año una batería de medidas para reducir la precariedad laboral. La propuesta contempló la reducción de contribuciones patronales para microempresas y medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado.
Otra medida relevante fue la creación de un registro para incorporar a las empresas que violan la legislación laboral. Una vez incluida en esa “lista negra”, las firmas deben pagar la multa correspondiente y durante tres meses no pueden ser contratistas del Estado, perdiendo todo tipo de subsidio y teniendo prohibido acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas. La apuesta del Gobierno a través de estos instrumentos es regularizar a 300 mil trabajadores durante los próximos doce meses y a 650 mil para finales de 2016. El dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que permitiría reducir en más de cinco puntos la tasa de asalariados en negro, al bajar del 33 a menos del 28 por ciento.
La dimensión de la caída del trabajo no registrado en los últimos años requiere observar cifras para las distintas ramas de la actividad económica. En el libro La terciarización laboral. Orígenes, impacto y claves para su análisis en América latina, los investigadores Victoria Basualdo y Diego Morales precisaron que entre 2004 y 2012 el porcentaje de asalariados no registrados pasó del 40,2 al 32,4 por ciento en la industria; del 10,2 al 5,7 por ciento en la distribución de electricidad, gas y agua; del 79,1 al 65,0, en la construcción; del 54,9 al 39,5, en el comercio; del 49,2 al 38,9, en el transporte; y del 24,5 al 10, en la administración pública, defensa y seguridad.

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Revista Iberoamericana de Educación 66/1

Estimados lectores les informamos: ·         Que está disponible el número 66/1 de la RIE (ISSN: 1681-5653) (versión no monográfica). Pueden consultarlo desde: http://www.rieoei.org

Boletín 55/5 - 15/06/11 RIE digital

Investigaciones y Estudios

Educación Ambiental + Psicología de la Educación

Paola Schmitt Figueiró e Tania Nunes da Silva, “Fontes de Capital Social e a Educação para a Sustentabilidade: uma articulação promissora”

Calidad de la educación 

Antonia Cascales Martínez y Ester Alvarez Fernández, “Un modelo práctico de desarrollo de plan de mejora de la calidad de la educación”

Psicología de la educación 

Hélder Rego Fernandes, Suzana Nunes Caldeira e Feliciano Henriques Veiga, “Envolvimento do aluno na escola e comportamento disruptivo”

Calidad de la educación + Educación física 

Gabriela Murguía Cánovas, José Manuel Vargas Cruz y Mario I. Ortiz, “Evaluación del Modelo Integral de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte. Percepción de calidad de estudiantes de Bachillerato”

Didáctica de las ciencias y de la matemática 

Álvaro Becker da Rosa, Cleci Werner da Rosa Luiz e Marcelo Darroz, “Modelos de Bohr e Ruterford como referencial para unificação de conceitos no ensino de ciências”

Educación especial

Antonio Sánchez Palomino y Francisca Pérez García, “La formación del voluntariado social en el ámbito de la discapacidad”

Profesión docente + Educación superior 

Julieta Laudadío, “Excelencia docente, excelencia educativa. El profesor universitario pieza clave de mejora”

Investigación educativa 

José Pablo Meza Pérez, “Primer censo y diagnóstico nacional de bibliotecas escolares costarricenses 2012: descripción metodológica y resultados”

Educación superior

Jessica Cabrera Cuevas y Agustín de la Herrán Gascón, “Creatividad y complejidad en la formación universitaria”

Historia de la educación 

Katiene Nogueira da Silva, “Psicológico, religioso e cívico: espectros da moralização nas escolas públicas paulistas (1948 –1978)”

Recensiones

Mar Venegas, Amor, sexualidad y adolescencia. Sociología de las relaciones afectivosexuales, por Carmen Nieves Pérez Sánchez

José Luis San Fabián Maroto, Evaluar programas socieducativos en tiempos de crisis. Un enfoque organizacional, por Antonio Bolívar

Valentín. Martínez-Otero, 10 criterios para encontrarnos., por María R. Belando-Montoro

Novedades educativas

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Hasta la próxima
15 de octubre de 2014

Ejemplo de Alta burguesía industrial

PANORAMA ECONOMICO

Crisis de representatividad

Por Alfredo Zaiat

La debacle de 2001 por décadas de políticas de ajuste dictadas por la ortodoxia provocó una profunda crisis de representatividad de los políticos. Elevados niveles de desempleo y exclusión social en un escenario recesivo terminaron cuestionando la legitimidad de liderazgos políticos que quedó resumida en la consigna “Que se vayan todos”. La reversión de ese rechazo no fue producto de una campaña de marketing, sino que fue lograda a partir de iniciativas que reconciliaron a una parte de la sociedad con la esencia de la política. Durante el período en que la política descendía en la consideración de la población quedaba disimulada la crisis de representatividad de otros actores sociales, como la de las cámaras empresarias. Empezó a correrse ese velo durante este ciclo que se extiende por once años cuando se recupera el sentido de la política con objetivos redistributivos del ingreso y de industrialización. Este proceso ha provocado dos efectos: por un lado, han emergido nuevos protagonistas de la economía derivados de un régimen de acumulación del capital con base en la producción y el conocimiento y, por otro, ha dejado al descubierto la pérdida de representatividad de organizaciones tradicionales del mundo empresario, como la Unión Industrial Argentina.

Esta entidad actúa como si fuera el canal de comunicación principal de los hombres de la industria cuando en realidad está actuando como vocera de unos pocos grandes grupos económicos. Esto no significa que no haya comunión ideológica entre los hombres de negocios, sino que divergen en la estrategia de relacionarse con un gobierno con el que no comulgan al considerarlo “populista”. La diferencia sustancial se encuentra entre ser lobbista con aspiración a formar parte de las intrigas políticas y ser dueño de una empresa que tiene como meta aumentar su rentabilidad y expandir su actividad. El sector más visible del comité ejecutivo de la UIA está enrolado en el primer grupo.
Su titular, Héctor Méndez, se reveló además como líder del pensamiento más retrógrado de esa entidad patronal, reclamando primero un ministro de Economía fuerte, manifestando nostalgia por tener de interlocutor un funcionario empleado de corporaciones, luego mencionando en forma despectiva a Axel Kicillof como “ese chico” (que hace mucho dejó de ser un estudiante y va a cumplir 43 años) y para terminar comparando al gobierno de CFK y sus legisladores con la obediencia debida de los militares en la dictadura. Si sus compañeros de la UIA lo quieren bien deberían recomendarle un reparador descanso en la verba.
La posición que ha asumido la UIA con respecto al papel del Estado en la economía, a partir del proyecto de ley de regulación de las relaciones de producción y consumo, expresa las contradicciones del mundo empresario. El abierto rechazo a esa iniciativa con un lenguaje rescatado de los noventa da respuesta al reclamo insistente de grandes medios de alzar la voz contra el Gobierno, lo que les asegura titulares y análisis laudatorios, pero reafirman una vez más la habilidad de dirigentes empresarios de atentar en contra de sus propios intereses de industrialización. Esa conducta es la manifestación más nítida de la pérdida de representatividad de la conducción de la UIA.
La junta directiva de esa entidad emitió un comunicado el 14 de agosto pasado rechazando “en forma unánime el proyecto de ley de abastecimiento”, sin tener el cuidado de mencionar correctamente la iniciativa, con el deliberado propósito de agitar el mar de confusiones. Del mismo modo que lo hicieron con el libelo de distribución interna, para después entregarlo a diputados y senadores, que la compara con una ley similar de Venezuela, ignorando la legislación anterior que data de 1974 y la existente de normas en ese mismo sentido en otros países, como en México, Brasil, Alemania, Francia y Estados Unidos. “Representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada”, se advierte en uno de los párrafos de ese comunicado.
Es una sentencia que ha iniciado el camino de construcción de la revancha ortodoxa con el próximo gobierno. La conducción de la UIA tiene la oportunidad de alimentarla acompañando el 50o aniversario de FIEL, que lo festeja con su habitual conferencia anual cuya convocatoria es “Transiciones: del populismo a una economía de mercado”. Deseo de restauración conservadora que como se sabe no reniega del Estado, sino que lo orienta exclusivamente a ser un vehículo de transferencias de rentas y beneficios hacia las grandes empresas. Lo que no admiten es que ese Estado además regule el funcionamiento del comportamiento empresario para evitar abusos sobre consumidores y los eslabones débiles de la cadena productiva. El recorrido sobre los principales dirigentes de la junta directiva de la UIA revela cómo sus negocios han sido favorecidos por el Estado, del que reniegan cuando pretende limitar un poco los rasgos distintivos de gran parte de los empresarios: la sistemática búsqueda de rentas de privilegios, el abuso de posición dominante y la obsesiva fuga de capitales.
Héctor Méndez, presidente de la UIA, es dueño de la empresa de plásticos Conarsa, radicada en San Luis, beneficiado por el régimen de promoción industrial por el cual el Estado resigna recursos fiscales, y además fue favorecido con créditos públicos subsidiados.
Luis Betnaza es el representante de Techint en la UIA, grupo económico que conoce como pocos la forma de obtener todo tipo de privilegios de parte del Estado a lo largo de décadas, desde régimen de protección, subsidios energéticos y medidas antidumping para defender su producción hasta beneficios impositivos y financieros.
José Urtubey, hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel, es el fundador del Grupo Tapebicuá y director de Celulosa Argentina. Participa en una rama industrial que si en los últimos años no hubiese existido la estrategia estatal de administración del comercio internacional habría colapsado, especialmente a partir de la crisis internacional que estalló en 2007.
Adrián Kaufmann Brea, representante de Arcor, multilatina que ha recibido facilidades impositivas, arancelarias y financieras que implicaron millonarias transferencias de recursos públicos, lo que le permitió su expansión nacional e internacional durante décadas. Esos favores están descriptos en la investigación “Trayectorias empresariales diferenciales durante la desindustrialización en la Argentina: los casos de Arcor y Servotron”, de Schorr y Wainer, en Realidad Económica N 223.
Cristiano Rattazzi, de Fiat, y Luis María Ureta Sáenz Peña, de Peugeot-Citroën, desarrollan su actividad en una de las ramas industriales que ha tenido un régimen especial de protección. Además, en diferentes momentos históricos, el Estado ha impulsado iniciativas para favorecer la venta de automóviles, como el plan más reciente de financiamiento a tasa subsidiada Pro.Cre.Auto.
Una de los exponentes más conocido de ese grupo de la burguesía industrial con deseo de vestir bombacha de gaucho es el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren. En 1998 vendió su empresa textil Coniglio, fábrica de ropa para chicos con 60 locales propios y sucursales en Brasil, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, en casi 15 millones de dólares a The Exxel Group de Juan Navarro. El titular del Ministerio de Pesificación Asimétrica y Devaluación durante el gobierno de Duhalde y hoy diputado de Sergio Massa tiene parte de su capital invertido en un campo propio dedicado a la producción de soja.
La vocación por las ideas neoliberales, que algunos la maquillan con un discurso desarrollista, está reflejada en los principales representantes de la banca, la industria y el campo. Sostienen postulados conservadores con entusiasmo porque de ese modo pueden mantener sus conductas rentísticas, ya sea provenientes de la producción agropecuaria (banqueros e industriales tienen su corazón en el campo), de la explotación de recursos naturales no renovables, de la especulación financiera o aprovechando desgravaciones impositivas con la promoción industrial y financiamiento subsidiado.
Es una dirigencia empresaria que dedica más horas a la intriga política y a analizar lo que publican los medios de comunicación que a convertirse en sujetos económicos dinámicos del desarrollo nacional. Miembros de la UIA que tienen el comportamiento de rentistas que gozan de tiempo libre, expresión de la crisis de representatividad de los industriales nacionales.
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