Una derrota inútil. Clasificación y disciplinamiento docente en la Ciudad de Buenos Aires. Segunda Parte

EL AROMO - El Aromo n° 64 - "A confesión de parte..."

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Lo dijimos: tal como estaban las cosas, los docentes de la ciudad iban a sufrir una derrota. Este mes, se dio media sanción al proyecto de reforma de las Juntas docentes. ¿Qué hicieron los sindicatos para frenar esta ofensiva? ¿Hubo una política planificada para contrarrestar el proyecto? Aquí va a encontrar las razones de una verdadera Vía Crucis. Si le quedan fuerzas, lea esta nota.

Romina De Luca
Grupo de investigación de educación argentina - CEICS

Por 30 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones, el pasado 2 de diciembre se dio media sanción al proyecto de reforma de las Juntas de Clasificación Docente de Capital Federal. En el número anterior, advertíamos que el proyecto en cuestión traía algo más bajo el brazo: la subordinación al Estado del conjunto de la docencia por la vía de la amputación de una conquista histórica. También, que la actuación de los sindicatos no se ubicaba a la altura de las circunstancias.

Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. Ante la ofensiva macrista, los sindicatos docentes opusieron una demanda pasiva: en lugar de tener un proyecto propio y sumarlo al conjunto de las reivindicaciones docentes (lo que podría haber movilizado a la masa de los compañeros) se limitó a pedir “el retiro del proyecto” de la Legislatura. No entendieron que muchos veían con buenos ojos algo obvio: que el proyecto de Macri venía a resolver algunos problemas sobre los cuales los sindicatos no dicen palabra alguna desde hace años, como las inscripciones múltiples, el papeleo inútil, etc., etc. Dicha consigna subordinó a los sectores más combativos, Ademys, a la burocracia sindical agrupada en UTE. Ademys terminó siendo el principal motor de los seis paros realizados desde la difusión del proyecto, medidas de lucha que en ocasiones también implicaron enfrentamientos con las fuerzas de represión oficial, de choques con patotas tercerizadas y la realización de numerosas marchas y acampes frente a la legislatura. Sin una perspectiva más amplia, terminó siendo la base de maniobra de las negociaciones que, bajo cuerda, llevó adelante UTE y que dieron por resultado la sanción del proyecto de Sergio Abrevaya, quien operó cual Bonaparte entre sindicalistas y macristas. Ese déficit explica parte de la victoria del PRO.

Somos tan distintos y nos parecemos tanto…

Desde el ingreso a la legislatura del proyecto de Morales Gorleri, en septiembre pasado, el macrismo supo ver a tiempo que una iniciativa pseudo consensuada era la llave de la victoria en el asunto de las Juntas. En ese proceso, la UTE-Ctera y la Coalición Cívica jugaron un rol central.

En lo que refiere al cambio legal, Sergio Abrevaya fue el encargado de presentar el proyecto de “consenso”. Si en un primer momento, la Coalición Cívica buscaba salir ilesa de la volteada, a posteriori pasó al centro de la escena. El mismo Abrevaya declaró en los medios que su proyecto “es mejor que el que quería imponer el PRO”. Sin embargo, los principales cambios entre el viejo proyecto y el que tuvo media sanción resultan de fantasía y de nombre. La Oficina Única de Clasificación Docente (OUCD) supo ser reemplazada por una semejante con otra nomenclatura: la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP). La COREAP sigue dependiendo del Ministerio de Educación sólo que los tres funcionarios que la integran deberán ser nombrados con el acuerdo de la Legislatura. A su cargo se encuentra la inscripción y clasificación docente, así como los llamados a concurso. Se encargará también de la elaboración y custodia del Legajo Único Docente (LUD).

A su vez, el proyecto crea siete juntas de clasificación y seguimiento de los concursos.[1]  Ellas constituyen órganos colegiados, aunque de menor envergadura: cada una contaría con 3 vocales elegidos, en forma directa, por sus pares docentes y dos por el Ministro de Educación. Todos desempeñarían funciones por cuatro años. A pesar de su nombre, las Juntas no ejercen funciones de clasificación, sino más bien de fiscalización de los listados elaborados por la COREAP. Se ocupan de dictaminar en las solicitudes de traslado y permutas, se pronuncian frente a los pedidos de licencia, se encuentran encargadas de designar a uno de los jurados para concursos de oposición y participan para la conformidad del puntaje definitivo. Sin embargo, la tarea de clasificación sigue bajo la órbita del órgano ejecutivo del Ministerio de Educación. El nuevo proyecto reserva algunas funciones para las Juntas en lo que refiere a disciplina, al mismo tiempo que les otorga un rol de intervención tardío sobre un proceso consumado. Una linda fachada completamente desprovista de poder de decisión real, pero que asegura puestos rentados a la burocracia.

Para la tribuna

Llama la atención que, en sus considerandos, el proyecto afirme defender la carrera docente. Por el contrario, introduce dos elementos que van en dirección opuesta. Por un lado, si bien se encarga de fijar claramente la validación de títulos y recalcula con justicia algunos (como por ejemplo el título de postgrado de Doctor que pasa de valer 2 a 6 puntos) hace agua en el aspecto más subjetivo de los antecedentes docentes, aquellos denominados “culturales”. De hecho, la Ley establece que “en cada Área de la Educación se fijarán según la modalidad y las exigencias, otras valoraciones especiales, así como bonificaciones en materia de títulos acumulados” (Artículo 10º). En primer término, no queda claro quién se hará cargo de esa tarea: ¿el Ministerio o las Juntas que solo validan un resultado final? Más preocupante aún, no resuelve un problema que hoy día afecta a miles de docentes: los criterios desiguales -o ridículos- para la valoración de esos antecedentes por parte de las distintas áreas. Así, ocurre que un docente puede haber saturado antecedentes culturales en una Junta mientras que en otra le reconocen la mitad del puntaje. En definitiva, el nuevo proyecto no resuelve todos los puntos oscuros actuales, recuperando sólo uno de los problemas técnicos: que los docentes se inscriban online y tengan registro único. Así las cosas, otras demandas como criterios claros, clasificación automática a materias según título habilitante, sistematicidad en los concursos, tendrán que seguir esperando.

En segundo lugar, el proyecto introduce otro elemento por la ventana. En las clausulas transitorias (artículos 27º y 28º) promueve la titularización masiva de los docentes interinos, incluso de aquellos en ejercicio sin título habilitante, previa aprobación de un curso de CEPA ad hoc. Medida demagógica si las hay, que apunta estratégicamente a desmovilizar a la docencia. Resulta llamativo que Ademys y, en particular, Tribuna Docente, denuncien la movida como una vil zanahoria, mientras el gremio propuso y defiende una Ley de Titularización masiva a todos los interinos del nivel medio con más de un año de antigüedad en el cargo.[2]  Hay aquí una falta de perspectiva general. En lugar de defender al conjunto de los docentes, Ademys los divide, privilegiando a los que menos puntaje, antigüedad y títulos tienen, con el argumento de que son compañeros que necesitan trabajo, como si los otros no. En lugar de explicarles a los docentes la necesidad de eliminar la competencia desleal entre compañeros, la importancia de la estabilidad laboral que se obtiene con los concursos, etc., se pliega a las necesidades inmediatas de la conciencia más atrasada. Esto explica que muchos docentes no se sientan convocados por un sindicato que no tiene como horizonte al conjunto de los trabajadores sino solo a una parte. Lo que es una verdadera desgracia, porque si hay un lugar donde los trabajadores docentes debieran encontrar refugio para el combate, ese es Ademys.

Rosqueros y desarmados

En materia de “generación de consensos”, las reuniones entre el macrismo y la burocracia sindical de UTE resultaron decisivos. Fueron más de seis las que se celebraron para llegar a algún tipo de acercamiento. Un primer acuerdo entre las partes consistió en garantizar la realización de las elecciones para vocales de las Juntas a principios del mes de noviembre. Tras denuncias cruzadas por la falta de entrega de los padrones electorales, las elecciones se realizaron en tiempo y forma con un alto índice de participación por parte de la docencia. UTE obtuvo 21 de los 45 vocales en juego, alcanzando predominio en 8 de las 15 juntas de clasificación. El segundo lugar, por su parte, lo obtuvo Ademys alcanzando la minoría en 7 juntas y la mayoría solo en la Junta Primaria Zona II y en Normales en dónde se impuso ante UTE por apenas 5 votos. En relación a la elección del 2009, el sector combativo -un conglomerado de diversas fuerzas políticas- recuperó el liderazgo en la Junta de Normales y logró por primera vez minoría en dos Juntas: la de Especial y Primaria (Zona I).

A decir de UTE, la movida les proporcionaba tiempo, en tanto el macrismo habría prometido respetar la finalización de los mandatos de los vocales electos. Es decir, la implementación del proyecto no llegaría hasta 2013, en forma parcial. En el 2015 con todos los mandatos concluidos la reforma tendría vía libre. Por ello, el sindicato vivió como una victoria que el proyecto macrista no se hubiera impuesto. Si bien no se demostraron demasiados efusivos en los medios de comunicación, lo cierto es que salieron a celebrar el “factor tiempo”. En un comunicado interno felicitaron a sus afiliados por el “esfuerzo militante” y la resistencia a los embates del PRO, afirmando que no se logró vía rosca sino con movilización. Curioso: en la mayor parte de los casos, UTE en lugar de convocar a paros llamó, a regañadientes, a un “cese de tareas”. Cabe inquirirse: ¿hay algo para festejar en la conquista del “factor tiempo” más allá de la garantía “laboral” para la burocracia?

Una intervención adecuada 

La intervención política de unos y otros ha conducido a un mismo resultado: la sanción de un nuevo sistema de clasificación que, con la excusa de resolver algunos problemas técnicos reales, cercena derechos sindicales al conjunto de la docencia. El proyecto al que se acaba de dar media sanción no es radicalmente diferente al de la tropa Macri. Que UTE lo celebre es expresión de cuánto se han desligado los intereses de la burocracia de los del conjunto de la docencia.

Por su parte, los sindicatos docentes combativos deberían reflexionar sobre su actuación en el proceso. La principales consignas esbozadas fueron la defensa de la educación pública en abstracto, la de un sistema de clasificación que, por donde se lo mire, hace agua, y la titularización masiva de la que ahora se queja. El infantilismo de negar los problemas reales y la falta de perspectiva más general, impidió la elaboración de una alternativa superadora, dejando siempre la ofensiva en el enemigo. Una Oficina Única de Clasificación Docente bajo control obrero, transparente y eficiente, inscripción automática a materias según título habilitante, fin al chantaje de la titularización automática, realización de concursos en tiempo y forma, hubieran sido instrumentos de una intervención adecuada. Lamentablemente, la docencia de Buenos Aires, con esta dirigencia sindical, se compró una derrota inútil.  

Notas

[1] Fijadas en el Artículo 4º, Punto VIII, las juntas son: Inicial, Primaria Común, Primaria Adultos y Servicios Profesionales, Especial, Curriculares, Media Común y Media Adultos, Técnica, Artísticas.
[2] Ademys defiende el proyecto argumentando que los docentes accedieron por acto público y que, como se requiere un año de antigüedad, deja horas libres para el llamado a concurso estatutario. También sostienen que, como muchas juntas no llamaron a titularización en el año 2008, se evita la desigualdad entre las juntas. Resulta paradójico que los mismos argumentos para la defensa de la Ley pongan sobre el tapete el déficit acumulado en la estructura que se busca sostener: las catorce juntas de clasificación y el Tribunal de Disciplina. www.ademys.org.ar

Pase libre (para el capital). A propósito del nuevo Régimen General de Pasantías para la Educación Secundaria

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Una vez más, el kirchnerismo intenta hacer pasar gato por liebre. Esta vez, con la reforma del régimen de pasantías para la educación secundaria. Entérese de este nuevo macanazo… 

Natalia Alvarez Prieto y Carlos Di Paolo
GES - CEICS

El pasado 19 de septiembre, por decreto presidencial fue aprobado el nuevo Régimen General de Pasantías para la Educación Secundaria. En teoría, la nueva normativa, que demoró casi una década de gestión K en llegar, vendría a regular en forma novedosa esas “prácticas formativas” instauradas durante los '90. De ese modo, se desmantelaría uno de los últimos reductos neoliberales en materia educativa. Sin embargo, el kirchnerismo viene dando sobradas pruebas de que no todo lo que brilla es oro, por lo que conviene examinar más de cerca la iniciativa.

¿Todo pasa?

Durante los primeros cinco años de gobierno K se mantuvo intacto el régimen de pasantías establecido por el menemismo a través del Decreto Nº 340/92 y la Ley 25.165/99. El decreto en cuestión definía las pasantías como: “la extensión orgánica del sistema educativo a instituciones, de carácter público o privado para la realización por parte de los alumnos y docentes, de prácticas relacionadas con su educación y formación (…)” (Art. 2º). La normativa planteaba que las pasantías brindarían a los alumnos y docentes la complementación de su capacitación teórica con la práctica en empresas e instituciones. Además, facilitarían la etapa de transición de los estudiantes desde el mundo educativo hacia el ámbito laboral. La reglamentación del decreto dispuso las condiciones generales en las que se desenvolvería la actividad. Las pasantías tenían un plazo máximo de cuatro años, con una actividad diaria mínima de dos horas y una máxima de ocho. Los estudiantes podían aspirar a ellas a partir de los 16 años, contando con la autorización de sus padres o tutores. Asimismo, los pasantes podían recibir una retribución por parte de las empresas o instituciones en las que se desempeñaban, en calidad de asignación estímulo para viáticos y gastos escolares. Es decir, su salario quedaba a disposición de la buena voluntad del patrón que les tocara en suerte.

En 1999, la Ley Nº 25.165 estableció un régimen de pasantías específico para el nivel superior en el que se introdujeron algunos cambios. Por un lado, se fijaba un plazo mínimo de duración de 2 meses, manteniéndose un máximo de 4 años. A su vez, las actividades no podían extenderse más de 5 días semanales con jornadas diarias de hasta 6hs. Por el otro, la ley establecía que los pasantes debían recibir una retribución en calidad de estímulo para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas del ejercicio de su “prestación”. Su monto era fijado por las empresas u organismos contratantes en acuerdo con las instituciones educativas, según la responsabilidad, grado de especialización, dificultad y tiempo de dedicación del pasante. Una vez más, el salario (en este caso su precio) quedaba librado a la discrecionalidad del empleador.[1]  Ahora bien, resulta ilustrativo cotejar la ley original con sus modificaciones. Al momento de ser sancionada, se estableció como plazo máximo un año de pasantía con actividades de hasta 4hs diarias. Sin embargo, en el año 2000, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 487 extendió dicho plazo a 4 años y 6 horas diarias. En aquel momento, De la Rúa justificó la extensión temporal de las pasantías sosteniendo que un plazo y una duración menores atentarían contra el rendimiento de los estudiantes y los objetivos perseguidos por el sistema. Que dicha extensión se haya llevado a cabo a través de un decreto de “necesidad y urgencia” pone en evidencia a qué intereses responde el nefasto sistema de pasantías.

A pesar de su evidente carácter regresivo, el régimen de pasantías para la educación superior recién fue derogado en noviembre de 2008, por la ley Nº 26.427. Es decir, se mantuvo intacto durante los primeros cinco años de gobierno kirchnerista. A partir de ese momento, las pasantías pueden tener una duración máxima de 12 meses con una carga semanal de hasta 20hs. Transcurrido ese plazo, pueden extenderse unos seis meses más. Por otro lado, los pasantes reciben una suma de dinero, de carácter no remunerativo, en calidad de “estímulo” que se calcula sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable a la empresa o institución, proporcional a la carga horaria de la pasantía. En caso de no existir tal convenio, el cálculo se realiza en base al salario mínimo, vital y móvil. Si bien la reforma supuso un avance en relación a las condiciones previas, los mecanismos centrales que constituyen al régimen de pasantías en un vector de la precarización laboral siguen en pie. En este sentido, el salario (denominado eufemísticamente “asignación estímulo”), no es remunerativo, los pasantes no perciben aportes jubilatorios ni cuentan con representación gremial y lejos están de poseer un mínimo de estabilidad laboral. Por si todo ello fuera poco, tendrán que pasar otros tres años, hasta septiembre de 2011, para que sean reguladas las pasantías correspondientes al nivel medio.

Trabajadores gratis

El Decreto Nº 1.374, sancionado en septiembre de 2011, vino a saldar el vacío normativo para el ámbito de la educación secundaria producto de la derogación del régimen de pasantías de 1992. Al respecto, la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, María Rosa Almandoz, declaraba que “el sector empresario reclamó fuertemente por la ausencia de normas, porque cayeron todos los decretos que se habían creado por el decreto 340”.[2]  Como puede verse, el kirchnerismo responde servicialmente ante los reclamos del capital. Ahora bien, en qué consiste la ley aprobada recientemente. El marco normativo K establece, tal como el anterior, que las pasantías deben ser entendidas como la “extensión orgánica” de la educación secundaria a empresas e instituciones -públicas o privadas- para la realización de prácticas relacionadas con educación y formación (Art. 1º). Es decir, nada nuevo bajo el sol.

A diferencia del régimen anterior, la ley determina con precisión la cantidad de pasantes que puede albergar cada empresa. Cabe destacar que la distribución favorece claramente a las Pymes ya que éstas pueden disponer, proporcionalmente, de una cantidad mayor de pasantes. Mientras que las empresas de hasta 10 empleados pueden tener entre un 20% y un 30% de pasantes, la cifra se reduce al 10% para las empresas mayores. Es decir, la normativa favorece a la industria más ineficiente y explotadora, compensando parcialmente su menor productividad con la venta de buena parte de su fuerza de trabajo (los pasantes) por debajo de su valor.[3]  Por otro lado, se fijó la duración máxima de las pasantías en 6 meses con una actividad semanal límite de 20 horas y jornadas de hasta 6 horas. A las mismas pueden acceder los alumnos que se encuentren en los dos últimos años del secundario con una edad mínima de 16 años.

Como puede verse, si bien la definición más general de las pasantías resulta similar a la establecida en los noventa, la reforma introdujo una serie de cambios. Recordemos que el régimen del '92 posibilitaba la extensión de las pasantías hasta 4 años, pudiéndose realizar jornadas de 8 horas diarias. A priori, podría considerarse que el esquema K resulta más progresivo. Sin embargo, lo cierto es que algunos aspectos centrales del régimen no han sido trastocados. En ese sentido, los pasantes no cobran ningún tipo de remuneración por su trabajo. Es decir, se constituyen en mano de obra gratuita para el capital. Una vez más, sólo si las empresas se dignan a hacerlo, pueden otorgarles “beneficios” tales como refrigerio, “estímulos” para traslado y viáticos, gastos educativos, entre otros.

Diversas provincias desarrollan pasantías con alumnos secundarios. En Capital Federal, desde 2003 funciona el programa “Aprender Trabajando”, promovido originalmente por el ibarrismo. Forman parte del programa distintas empresas. Entre otras, pueden nombrarse Microsoft, Renault Argentina, I.B.M. Argentina, EDESUR, EDENOR, Banco Francés y BGH. Dentro de las huestes oficiales, participan la Jefatura de Gabinete y distintos Ministerios, entre otras. En ese marco, los pasantes porteños llegan a recibir hasta 800 pesos mensuales. Es decir, en este punto el macrismo, reencarnación del nazismo según la ideología K, corre por izquierda al gobierno nacional & popular.

Todo un palo

Como hemos visto, más allá de algunas reformas parciales, las pasantías continúan siendo un vector de la precarización laboral al proporcionarle al capital mano de obra barata e, incluso, gratuita. Una de las claves del problema radica en el camuflaje de su significación real -trabajo precario- bajo el ropaje de la “formación integral”. En ese sentido, el artículo 3º del decreto promulgado recientemente plantea, contradictoriamente, que “debe considerarse a los pasantes como trabajadores vinculados por relaciones no laborales”. De ese modo, los pasantes encuentran negados sus derechos laborales entre los que se destacan su representación gremial y la realización de aportes y cargas patronales.

Cientos de miles de alumnos secundarios, terciarios y universitarios realizan pasantías en trabajos que nada tienen que ver con su formación o aspiración profesional. Se trata de una estrategia para obtener un ingreso -irrisorio- o para tratar de insertarse en un mercado laboral que los enfrenta a una feroz competencia. Ese hecho pone en evidencia que a la burguesía le importa muy poco la calificación de la fuerza de trabajo que explota. Por el contrario, todo indica que la ventaja crucial del sistema de pasantías (para el capital) radica en proporcionar un elemento más para precarizar las condiciones de trabajo de la clase obrera. En ese marco, con el establecimiento de la nueva normativa el kirchnerismo le ha dado un guiño más a la burguesía de cara a los tiempos de crisis que se avecinan. Por ello, no extraña que la iniciativa haya sido recibida con el beneplácito de la Unión Industrial Argentina, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y de la Asociación de Empresarios Argentinos. Dime quién te apoya…

Notas
[1] En 1995, el Decreto Nº 93 estableció los montos correspondientes al “estímulo” de los estudiantes universitarios que se desempeñaban en la Administración Pública Nacional. 
[2] Clarín, 20/9/2011.
[3] Recordemos que las Pymes son, en términos generales, las empresas que poseen una mayor cantidad de trabajadores en negro y peores salarios. Al respecto, véase: Mussi, Emiliano: “El reino de los pitufos. Pymes en el imaginario Nac&Pop”, en El Aromo, nº 49, 2009